Un tribunal de segunda instancia confirmó las condenas impuestas a los exjefes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Omar Antonio Odriozola y Rafael Ramón Grau, por liderar una asociación ilícita dedicada a cometer defraudaciones en perjuicio de la administración pública. La resolución fue adoptada por unanimidad por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, tras una audiencia de apelación realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
De este modo, quedaron firmes las penas de seis años y seis meses de prisión para ambos exfuncionarios, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de diez años y la imposición de una multa económica. La causa investigó maniobras irregulares vinculadas a la reparación de vehículos oficiales de la fuerza policial, durante períodos en los que Odriozola y Grau ocuparon la jefatura provincial.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado en la instancia de apelación por los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, quienes también intervinieron en el juicio oral y público de primera instancia, que concluyó en junio de este año con el dictado de las condenas. Tras conocerse el fallo, los fiscales señalaron que las defensas de los exjefes policiales habían solicitado la absolución y la nulidad de distintas pruebas, planteos que fueron rechazados por el tribunal.
Según explicaron, uno de los abogados defensores también había requerido el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, argumento que fue descartado por los camaristas. “Los jueces no solo rechazaron cada uno de los agravios, sino que confirmaron en todos sus términos las condenas y las inhabilitaciones”, indicaron desde la Fiscalía.
No obstante, Hernández e Ilera aclararon que se encuentran analizando los fundamentos completos de la resolución para evaluar los pasos a seguir en relación con la reparación económica del daño causado al Estado, uno de los puntos planteados por el MPA durante el proceso. Además, destacaron la relevancia institucional del caso, al tratarse de funcionarios que ejercían la máxima autoridad policial en la provincia al momento de los hechos.
De acuerdo con la investigación, Odriozola cometió los delitos entre enero y agosto de 2015, mientras que Grau lo hizo entre septiembre de ese año y febrero de 2016. En ambos casos, los fiscales sostuvieron que se valieron de su posición jerárquica para dirigir la estructura ilícita y facilitar las maniobras fraudulentas.
Las irregularidades consistían en la facturación de reparaciones de móviles policiales que no se realizaban y en la simulación de compras de repuestos que nunca se adquirían. Para concretar estas maniobras, los condenados firmaron cheques, facturas y rendiciones de cuentas que permitieron disposiciones patrimoniales ilegítimas en perjuicio del erario público.
Tanto Odriozola como Grau fueron condenados como jefes de una asociación ilícita y como coautores de defraudaciones a la administración pública. El legajo se encuentra comprendido dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General, en el marco de causas vinculadas a hechos de corrupción.
