El conflicto docente en Santa Fe se profundiza tras el rechazo de Amsafe a la propuesta salarial del Gobierno provincial y la confirmación de un paro para el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo. Mientras tanto, el sindicato Sadop define este lunes si acompaña la medida de fuerza.
La oferta oficial contempla un aumento del 12,5% para el primer semestre de 2026. Tras conocerse el rechazo de Amsafe, el ministro de Educación, José Goity, defendió la propuesta y aseguró que un maestro de grado con 25 horas semanales alcanzaría un salario inicial de 1,3 millones de pesos, cifra que podría llegar a 1,4 millones con el adicional por Asistencia Perfecta. Según el funcionario, ningún docente recibiría incrementos inferiores a 270.000 pesos y el esquema prioriza las escalas más bajas.
El ministro también destacó la creación de un Fondo Universal de Capacitación de 100.000 pesos, inspirado en el ex Fondo Nacional de Incentivo Docente, así como la jerarquización de cargos directivos, posgrados gratuitos, concursos y titularizaciones pendientes. En ese marco, ratificó que el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo y remarcó la importancia de garantizar la continuidad pedagógica.
Desde Amsafe, sin embargo, cuestionaron con dureza las cifras difundidas por el Ejecutivo. El gremio sostuvo que el salario real de un maestro de grado en junio sería de 1.037.205,23 pesos, según el acta paritaria, y acusó al Gobierno de “confundir a la sociedad” con montos que incluyen sumas no remunerativas y adicionales que no impactan en la carrera docente ni en las jubilaciones.
El sindicato también advirtió que el “mínimo garantizado” profundiza el achatamiento de la escala salarial y desconoce la antigüedad, y señaló otros reclamos pendientes, como la continuidad del aporte solidario, demoras en pagos a jubilados y falta de actualización automática de los salarios.
Con posiciones enfrentadas, el conflicto se encamina a un inicio de ciclo lectivo con medidas de fuerza, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de asegurar las clases y los gremios sostienen que no es posible mejorar la calidad educativa sin una recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo perdido.
