El Senado de la Nación continuará este miércoles con la discusión, en un plenario de comisiones, de los proyectos para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, el órgano que se ocupa de proponer, controlar y sancionar, llegado el caso, a los integrantes del Poder Judicial de la Nación.
La audiencia de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales continuará desde las 10 con la intención de escuchar a seis especialistas invitados tanto por el oficialismo como por la oposición.
El Frente de Todos convocó a Darío Kuzinski, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, y a su par de Lomas de Zamora, María Fernanda Vázquez.
Juntos por el Cambio, en tanto, escuchará a los constitucionalistas Alfredo Vítolo y Daniel Sabsay; el especialista Diego Spota y el consejero de la Magistratura Diego Marías.
En la jornada de este martes, en tanto, los senadores escucharon al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
Soria acusó a la Corte Suprema
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, dijo este martes que el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura pretende "evitar la extorsión" que, según afirmó, planteó la Corte Suprema al declarar la inconstitucionalidad de la ley original.
Además, Soria acusó a la Corte Suprema de querer "meterse por la ventana en el Consejo de la Magistratura" luego de que en diciembre pasado declarara la inconstitucionalidad de la ley que rige hace 16 años y forzara al Congreso a sancionar una nueva norma en un plazo muy exiguo, lo cual calificó como "un acto político extorsivo".
"Lamentablemente el Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión", arrancó el funcionario nacional al exponer en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, donde defenderá el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la sentencia -que dejó claro que no comparte- que el máximo tribunal de Justicia dictó el 16 de diciembre pasado. .
La sentencia le dio al Congreso un plazo de solo 120 días (de los cuales quedan apenas 25) para sancionar una nueva norma, que reemplace a la vigente, "bajo la cual se designó al 70% de los magistrados actualmente en funciones".
De no cumplir con el plazo perentorio hasta el 16 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando el organismo era presidido por el presidente de la Corte Suprema y contaba con 20 miembros, en lugar de los 13 actuales.
Cabe aclarar en este punto que el proyecto presentado por Juntos por el Cambio pretende restaurar la presidencia del Consejo para el titular de la Corte Suprema y también ampliar a 20 los integrantes, misma cantidad que había antes del 2006.
Fuente: Télam
