Desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio se incrementaron las consultas realizadas por personas que fueron víctimas de estafas telefónicas. En su mayoría, las maniobras engañosas mencionan a estudios jurídicos que reclaman el pago de deudas relacionadas con entidades bancarias o financieras. La estafa finaliza cuando los supuestos deudores depositan la suma de dinero reclamada en una cuenta bancaria.
En ese marco, la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana brinda una serie de recomendaciones al respecto. En principio, no realizar depósitos de ningún tipo sin saber quién llama, ni a quién se le paga. Tampoco se debe completar la transacción si no se conocen plenamente los conceptos de esa deuda, los intereses y los honorarios, en caso de que los hubiera.
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Vale destacar que estos reclamos se hacen sin la presentación de documentos que acrediten el endeudamiento y bajo insistentes amenazas de embargo de bienes o de registrar a las personas en listas de deudores. Cabe recordar que, en caso de que existiera realmente una deuda, la persona tiene derecho a saber qué se le reclama; si se paga sin la información correspondiente, probablemente se abone una deuda prescripta o inexistente y hasta actualizada con intereses arbitrarios.
Es importante resaltar que el estudio jurídico que se adjudica el derecho a reclamar los importes debe certificar su calidad de acreedor, así como también el origen de la deuda. En el caso de una comunicación telefónica, es imposible brindar seguridad en operaciones de este tipo.
En consecuencia, se recomienda no abonar bajo ningún concepto y solicitar al interlocutor, que envíe la documentación por escrito para demostrar fehacientemente la deuda. Del mismo modo, no se deben aportar datos personales como nombre completo, domicilio o banco con el que opera, ya que si el supuesto acreedor es legítimo, debería contar con los datos.
Un mecanismo para evitar estafas es consultar directamente con la supuesta entidad originaria el déficit, solicitando el libre deuda por escrito. De esta manera, la entidad deberá emitirlo, o caso contrario, explicar la existencia de saldos impagos o la cesión de los créditos a otros sujetos con identificación de los mismos.
Por último, se sugiere que, en caso de identificar el número del cual se recibió el llamado, se radique la denuncia correspondiente. Es fundamental aportar los datos para difundir los hechos que permita iniciar las investigaciones a las autoridades competentes. Esa es la única manera de poner fin a este tipo de ilícitos.
Fuente: Municipalidad de Santa Fe