El lanzamiento de Lannis, una plataforma que se autodefine como “el primer contador con inteligencia artificial”, encendió las alarmas en los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de todo el país. Las entidades que agrupan a los contadores públicos expresaron su rechazo y preocupación por la oferta de un servicio que, según advierten, invade incumbencias reservadas exclusivamente a profesionales matriculados.
La controversia surgió a partir de la difusión de una herramienta que promete gestionar trámites impositivos, asesoramiento fiscal, facturación y liquidaciones, funciones que la Ley Nacional 20.488 reserva a contadores públicos habilitados. Desde los consejos sostienen que esta clase de plataformas “ponen en riesgo la seguridad jurídica y económica de los contribuyentes”, ya que no garantizan responsabilidad profesional, control ético ni respaldo técnico certificado.
“Detrás de la apariencia de innovación se esconden tareas que requieren formación universitaria, matrícula y control profesional. No se trata de impedir el avance tecnológico, sino de evitar que se vulneren normas que protegen a la sociedad”, expresaron desde distintas entidades provinciales.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue el primero en actuar formalmente: intimó a Lannis a suspender en un plazo de 48 horas la prestación de servicios que impliquen asesoramiento o liquidación impositiva, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales por ejercicio ilegal de la profesión.
Desde la empresa, en tanto, aseguraron que su propuesta no busca reemplazar a los contadores, sino ofrecer “una herramienta tecnológica para facilitar la gestión contable” y afirmaron que cuentan con profesionales en su equipo de desarrollo.
Sin embargo, los colegios de profesionales insisten en que el problema no radica en la innovación tecnológica, sino en la sustitución de un rol regulado por ley. El uso de inteligencia artificial en tareas reservadas a profesionales habilitados abre un nuevo debate sobre los límites éticos y legales de la automatización en campos donde la confianza, la responsabilidad y el conocimiento técnico siguen siendo irremplazables.
