El pedido liberación de grupos de reclusos considerados “población de riesgo”, tanto en cárceles como en comisarías por el posible ingreso del coronavirus a los penales provinciales, generó un enorme revuelo y motivó un amplio rechazo del arco político opositor, e incluso motivó un llamado para realizar una protesta nacional.
En un comunicado firmado por la ex ministra de Seguridad, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri, se recuerda la Ley de Víctimas sancionada en 2017 y se advierte que "los jueces están obligados a consultarlas, escucharlas y notificarlas antes de otorgar la libertad o la prisión domiciliaria a un preso”.
No solo la oposición se mostró en contra de los permisos de salidas para detenidos otorgados en el marco de la pandemia del coronavirus: el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, pidió proteger a las víctimas y advirtió que “ los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político".
De un modo similar se expresó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,Sergio Berni, quien pronunció una frase contundente: "Si dependiera de mí, no sale ningún preso".
El abogado penalista, Néstor Oroño, dijo a veo Noticias que se debe evaluar cada caso en particular. "Hay que tratar de hacer un equilibrio jurídico, político por el impacto que esta medida puede acarrerar. Yo creo que el error que se puede cometer es tomar una decisión extrema, ya sea abriendo la puerta o cerrándola de una manera irracional".
Además, agregó que "hay que tratar de agilizar estos trámites para que las personas que se encuentren en condiciones de gozar de estos beneficios pueda resolverse su situación de manera inmediata".
