El diputado provincial de Hacemos Santa Fe, Marcos Corach, presentó un Proyecto de Comunicación en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo brinde información precisa sobre una serie de medidas adoptadas en la Empresa Provincial de la Energía (EPE), las cuales —según advirtió— generan preocupación pública por evidenciar un “doble estándar” en la política energética. Para el legislador, las decisiones oficiales muestran una postura “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”, afectando a los usuarios más vulnerables mientras se favorece a sectores con alto poder económico.
El pedido de informe está estructurado en tres ejes centrales. El primero apunta al manejo de la Tarifa Social Eléctrica, donde Corach denuncia una reducción drástica de beneficiarios: alrededor de 40.000 usuarios habrían sido dados de baja bajo el argumento de un mayor control administrativo. Como consecuencia, familias de bajos ingresos, jubilados y pequeños comercios enfrentaron incrementos tarifarios que —según el diputado— superaron en muchos casos el 600%, provocando un aumento de la morosidad en los sectores más frágiles. El legislador exige al Ejecutivo que detalle el protocolo utilizado para realizar estas bajas, la normativa que las sustenta —como el Decreto Nº 2746— y la razón por la cual el rigor se aplicó primero sobre los sectores vulnerables.
El segundo punto cuestiona la reciente decisión del Gobierno Provincial de eliminar el cargo por expansión de la EPE para grandes desarrolladores inmobiliarios. De acuerdo con el análisis de Corach, esta medida implica un beneficio estimado en 8.000 millones de pesos anuales que la empresa dejaría de percibir, configurando un “obsequio fiscal” dirigido a sectores de alta rentabilidad. El diputado solicita aclarar qué marco normativo respalda este subsidio y por qué se exime de ese costo a proyectos inmobiliarios, mientras parques industriales, productores rurales y otras actividades estratégicas continúan afrontándolo.
El tercer eje del pedido de informe se concentra en las deudas exigibles que mantienen grandes empresas con la EPE. Corach pide al Ejecutivo confirmar si firmas como la Cooperativa de Villa Gobernador Gálvez, Algodonera Avellaneda (del Grupo Vicentin), Sancor, Vicentin y Celulosa Argentina registran los montos millonarios que circulan públicamente, y qué acciones legales o medidas de corte se promovieron para asegurar el cobro. En su planteo, critica que la severidad aplicada a los usuarios de la Tarifa Social no se replica con estos grandes deudores.
Corach remarcó que la falta de información oficial y la aparente disparidad en el trato “generan sospechas fundadas de discrecionalidad y favoritismo”. Por ello, afirmó que es obligación de la Cámara de Diputados exigir documentación y explicaciones que permitan garantizar que la política energética provincial sea transparente, equitativa y orientada al bienestar general, sin beneficiar a intereses particulares.
