De los 26 estados brasileños, más el Distrito Federal, una decena de ellos están siendo investigados por corrupción y uso fraudulento de los fondos públicos de emergencia para hacer frente al coronavirus. Los gobiernos estatales de Sao Paulo, Río de Janeiro, Amazonas, Santa Catarina, Paraíba, Amapá, Pará, Pernambuco o Minas Gerais son objeto de investigaciones judiciales.
El mundo atraviesa "la tormenta" perfecta para abrir una brecha para la malversación de fondos públicos, según considera Bruno Brandão, portavoz de la organización Transparencia Internacional en Brasil.
Con motivo del decreto de calamidad pública aprobado por el gobierno de Jair Bolsonaro a finales de febrero, algunas medidas de control de gastos públicos pasaron a ser más flexibles con el objetivo de acelerar la compra de material médico, así como la contratación de más personal sanitario para hacer frente a la urgencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En Brasil, las adquisiciones de respiradores para tratamientos de covid-19 fluctúan desde los 3.300 euros hasta los 33.000 euros (20.000 reales y los 200.000 reales). El valor máximo de mercado registrado, incluso en los periodos de mayor demanda, no debiera exceder los 16.000 euros (100.000 reales) por cada unidad.
"El aumento de gastos públicos ahora está justificado. Es necesario gastar mucho para dar respuesta al problema y gastar rápido porque es una emergencia. Pero, al mismo tiempo, es necesario gastar bien", alega Brandão, que subraya la importancia de los trabajos de transparencia de gestión de los gobiernos, para que "tanto la sociedad, la prensa y los órganos de control puedan evaluar la calidad de la integridad de los gastos".
Por este motivo, la organización Transparencia Internacional, desde su sede en Brasil, está realizando un Ranking de transparencia en el combate a la pandemia con evaluaciones periódicas sobre la gestión de los recursos públicos en cada estado brasileño. En la última clasificación, publicada este 29 de junio, el estado de Roraima aparece como el peor parado en términos de transparencia. Este gobierno estatal está siendo investigado por comprar 30 respiradores a una empresa china a principios de mayo a uno de los precios más elevados hasta el momento: más de 35.000 euros cada uno (215.000 reales). El valor fue abonado sin esperar la recepción de los aparatos. "La corrupción se está revelando en su forma más sórdida, es decir, en el desvío de recursos que pueden salvar vidas. Quitar dinero de respiradores es robarle a las personas sin aire los equipamientos que les dan oxígeno", afirma Brandão.
Fuente: RT
