El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por las irregularidades detectadas en la compra de medicamentos en el marco del organismo, durante la actual gestión. Sin prisión preventiva, se le atribuyó al ex funcionario los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.
Todas las acusaciones concurren con otro delito mayor: haber sido jefe de una asociación ilícita. El embargo trabado es de $ 202.828.725.464.
Luego de una exhaustiva investigación, explicó el juez Casanello, se dio por corroborado aquello que expuso el fiscal federal Franco Picardi: “ciertas personas (funcionarios/as de la ANDIS y del sector privado vinculado al rubro de la salud), de manera coordinada y bajo acuerdos espurios, “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.
En palabras del fiscal, la agencia habría funcionado, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas; esto es, “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
Al avanzar con la investigación que derivó en el procesamiento de 18 personas donde se incluye a Miguel Ángel Calvete, a Daniel Garbellini y al propio Spagnuolo, el fiscal también identificó, como parte de aquellas actividades delictivas, la existencia de “pagos indebidos a funcionarios/as de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución” de las maniobras expuestas”.
En ese sentido, el juez Casanello llamó a indagatoria a todos los involucrados en la estructura de corrupción. Después del tiempo transcurrido, evaluó los elementos de prueba que sustentan la imputación del Ministerio Público Fiscal y convalidó la estructura jurídica expuesto por Franco Picardi.
El juez concluyó que todos los indagados integraron una asociación ilícita –según el rol atribuido en cada caso- que desplegó sus actividades delictivas, al menos, diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, y que estuvo destinada a cometer ilícitos contra la administración pública, puntualmente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.
Las contrataciones amañadas -explica la resolución de 703 páginas-, se vincularon con procesos de compra o adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI, las que se caracterizan por tener un “costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades “raras” y/o graves y otros nuevos medicamentos de administración crónica”.
La provisión de estas prestaciones para aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud se encuentra a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS, y tiene como principal destinatario al sector poblacional con discapacidad o especialmente vulnerable (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros).
La organización, remarcó el juez Casanello, “estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable. Para ello utilizó un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos, PACBI, que contravino la normativa vigente y que permitió el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública (publicidad, transparencia y concurrencia de oferentes), con la inclusión de personas ajenas a la agencia en la toma y ejecución de decisiones”.
Fuente: Clarin
