La fuerza policial de la provincia de Santa Fe atraviesa un momento de tensión interna que ha derivado en movilizaciones públicas de efectivos y sus familias. Los manifestantes denuncian que el gobierno provincial prioriza en otros gastos por sobre las necesidades básicas del personal de seguridad, como sueldos que cubran la canasta básica y un trato digno. Según expresaron los asistentes, se sienten “esclavos del siglo XXI” debido a regímenes horarios extenuantes de 12 por 36 horas que, sumado a los largos traslados dentro de la provincia, impiden un descanso real y afectan la calidad del servicio.
A la presión psicológica se suma la precariedad material. Durante la manifestación, se denunció que muchos policías deben costear de su bolsillo elementos fundamentales como uniformes, borceguíes y chalecos balísticos. Incluso, se mencionaron situaciones donde los agentes deben realizar aportes conjuntos (“vaquitas”) para cargar combustible en los patrulleros ante la falta de recursos operativos. Esta carencia no solo afecta la moral de la tropa, sino que los expone a mayores riesgos, como el caso de una oficial recientemente agredida mientras viajaba de manera precaria hacia su lugar de trabajo.
Los testimonios de familiares reflejan el desamparo institucional ante causas judiciales que consideran inventadas. Estela, madre de un oficial con 11 años de servicio, relató cómo su hijo decidió retirarse de la policía tras sentirse abandonado por sus superiores y la justicia ante una acusación de tortura que ella califica de falsa. Según su relato, el joven cayó en una profunda depresión sin recibir apoyo de sus jefes ni de los servicios de salud de la fuerza. “Tuvieron que salir adelante por sus propios medios porque el acompañamiento psicológico por parte del Estado brilló por su ausencia”, expresó con indignación.
Finalmente, la movilización dejó en claro que la inseguridad también golpea a quienes deben combatirla. Alejandra, madre de una oficial, se sumó a la marcha para pedir estabilidad laboral para su hija, quien teme ser trasladada lejos de su familia tras finalizar su licencia por maternidad. Los problemas de transporte y la falta de horarios fijos para los viajes de los agentes complican la logística familiar y económica. El reclamo concluyó con una exigencia unánime a las autoridades para que el bienestar policial deje de ser una promesa y se convierta en una política de estado que garantice la seguridad de los ciudadanos y de sus protectores.
