La Libertad Avanza (LLA) enfrentó esta semana su primer traspié político de envergadura en la Cámara de Diputados, luego de una seguidilla de votaciones que dejaron al descubierto la fragilidad del entramado de alianzas que sostiene la agenda legislativa del presidente Javier Milei. Si bien el oficialismo celebró la media sanción del Presupuesto 2026, perdió capítulos clave vinculados a la derogación de la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario, lo que encendió señales de alerta en el Congreso.
El revés legislativo expuso dificultades en la estrategia de articulación política encabezada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. En el oficialismo admiten que, como primera minoría, el camino parlamentario seguirá siendo complejo, aunque intentan relativizar el impacto del episodio y sostienen que el bloque forzó al máximo una votación sensible.
En las semanas previas al debate, el Gobierno había intensificado las gestiones con los gobernadores para garantizar los votos necesarios. En ese marco, se distribuyeron Aportes del Tesoro Nacional por unos 66 mil millones de pesos solo en diciembre, alcanzando un total anual de 199 mil millones. Entre las provincias más beneficiadas figuran Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta.
Sin embargo, varios de esos respaldos se diluyeron al momento de votar los artículos más polémicos del Presupuesto. En Tucumán, dos diputados que responden al gobernador Osvaldo Jaldo rechazaron el capítulo cuestionado y un tercero se ausentó. En Catamarca, los legisladores alineados con Raúl Jalil acompañaron en general pero votaron en contra del artículo clave. En Salta, un diputado se desmarcó del bloque provincial y terminó inclinando la balanza en contra del oficialismo.
También se registraron cortocircuitos con los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes se abstuvieron en la votación general y luego rechazaron el capítulo 11. El trasfondo del conflicto es la deuda previsional que la Nación mantiene con Córdoba, un reclamo que volvió a tensarse tras el inicio del tratamiento del Presupuesto en el Senado. Desde la provincia estiman la deuda en 690 mil millones de pesos, mientras que el proyecto oficial prevé 122 mil millones para el conjunto de las provincias.
A estas dificultades se sumó el deterioro del vínculo con el PRO, aliado clave para alcanzar el quórum. El bloque amarillo reclamó la inclusión de la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, pero el punto fue incorporado dentro del mismo capítulo que discapacidad y universidades. La maniobra fue interpretada como una jugada de “todo o nada” y derivó en el rechazo del artículo completo, dejando al PRO sin el compromiso asumido.
La tensión escaló aún más tras el acuerdo entre LLA, el kirchnerismo y gobernadores del norte para designar a los representantes de Diputados ante la Auditoría General de la Nación. El PRO se retiró del recinto, denunció la maniobra y anticipó que judicializará las designaciones, profundizando una relación que ya venía resentida.
Con solo 95 diputados propios, el oficialismo depende de acuerdos frágiles y cambiantes para avanzar con su programa de reformas. En el Congreso advierten que, sin una recomposición sólida de alianzas, especialmente con el PRO, el Gobierno enfrentará serias dificultades para impulsar iniciativas clave como la reforma laboral cuando se inicien las sesiones ordinarias.
En ese escenario, el resultado de la última semana dejó una señal clara: la agenda de reformas de Milei deberá apoyarse en una estrategia política más amplia y estable si pretende sostenerse en el tiempo.
