El Municipio de Santa Fe intensificó esta semana su reclamo para que la provincia impulse una ley que permita sancionar y judicializar la actividad de cuidacoches, luego de varios hechos de violencia y reiteradas quejas por la falta de efectividad en el marco normativo vigente.
Autoridades municipales advirtieron que, aunque ya existe una ordenanza local que prohíbe la actividad de cuidacoches, la norma carece de herramientas punitivas efectivas que permitan acciones contundentes frente a quienes reinciden, lo que limita la intervención policial y la posibilidad de imputar delitos por esta conducta.
El intendente Poletti reclama acción provincial
El intendente Juan Pablo Poletti pidió a la Legislatura provincial que trate una ley que amplíe las facultades de actuación de la Policía cuando se detecte la actividad de cuidacoches, y que faculte a la Justicia a imputar específicamente por esta conducta.
Poletti destacó que la prohibición local —vigente desde hace tiempo— se basa en una contravención municipal, lo que limita la posibilidad de aplicar penas que generen un freno real a las prácticas de extorsión o coacción que, en algunos casos, derivan en agresiones.
El intendente también resaltó que, si bien 103 personas que ejercían esta actividad aceptaron reorientar su rol laboral a través de cooperativas, otro segmento de cuidacoches rechaza las alternativas formales y continúa con comportamientos conflictivos, lo que genera la necesidad de mayor respaldo judicial y legislativo.
Hechos violentos que reactivaron el reclamo
El reclamo municipal se consolidó tras un episodio ocurrido el último fin de semana, en el que un automovilista fue atacado con un arma blanca por un cuidacoches al negarse a entregar dinero por el “servicio” informal, lo que volvió a poner en foco la vulnerabilidad del marco regulatorio vigente.
La búsqueda de una solución provincial
Frente a este contexto, el municipio insistió en la necesidad de que la problemática sea abordada no solo a nivel local, sino con una ley provincial que permita prohibir, sancionar y judicializar la actividad de cuidacoches, dotando de herramientas jurídicas tanto a las fuerzas de seguridad como al sistema de Justicia.
