Mediante una audiencia de suspensión de juicio a prueba, se acordó que un joven de 19 años, ex alumno de la escuela Juan Bautista Bustos, abone 20 mil pesos en concepto de “recompensa simbólica” y a realizar trabajos comunitarios durante dos años.
El juez Gustavo Urdiales aceptó el convenio presentado por la fiscal María Laura Martí, con el consentimiento del imputado y la defensora pública Mercedes Mazzia.
El muchacho fue identificado el 26 de junio pasado por la policía, tras realizar una llamada anónima al 911, el 19 de abril último en horas de la siesta. “Hay una bomba en la escuela Bustos”, dijo, por lo que el establecimiento educativo de calle Rivadavia 2933 de la ciudad de Santa Fe debió ser evacuado.
Como la causa se tramitó con el supuesto autor en libertad, la fiscal lo citó a audiencia imputativa en el MPA un mes después -el 25 de julio-, donde le atribuyó el delito de “intimidación pública”. Y el 2 de agosto solicitó que se fije audiencia para la suspensión de juicio a prueba.
La modalidad de pago establecida será de “16 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.250”, “que serán depositados en una cuenta del Nuevo Banco de Santa Fe abierta a tales fines”, reza el acuerdo. Como el plazo de suspensión de juicio a prueba será de dos años, en dicho lapso el imputado se comprometió además, a efectuar tareas comunitarias tres veces por semana durante tres horas. Los trabajos -arreglo de fachadas y de herramientas escolares-, serán asignados por la Asesoría del Ministerio de Educación de la provincia, según consta en el documento suscripto.
En diálogo con Veo Noticias, Juan Cruz Giménez, titular de la Regional IV del Ministerio de Educación, aseguró que se "trata de una sanción ejemplificadora".
