La desaparición de más de un centenar de animales en un establecimiento rural del centro santafesino volvió a poner en agenda la problemática de la inseguridad en el campo. Un productor agropecuario de la localidad de Santo Domingo denunció el faltante de más de 100 vacunos, entre vacas, terneros y novillitos, con una valuación estimada en alrededor de 145 millones de pesos.
El denunciante es Lucindo Arber, productor con trayectoria en la zona, quien presentó la denuncia ante la Guardia Rural “Los Pumas” luego de constatar la ausencia del ganado durante un control sanitario de rutina. Según relató, el hecho fue detectado cuando el veterinario a cargo de la vacunación antiaftosa obligatoria advirtió que una parte importante de la hacienda no se encontraba en los corrales.
“Cuando fuimos a los bretes donde el puestero había juntado los animales, nos dimos cuenta de que faltaban más de cien cabezas sobre un total de unas 450”, explicó Arber en declaraciones radiales. El productor administra unas 200 hectáreas ubicadas en cercanías del río Salado y no descartó que los animales hayan sido retirados aprovechando el bajo nivel de agua del curso, utilizado como límite natural del campo.
La denuncia fue radicada en la Seccional 11 de la Guardia Rural Los Pumas, con sede en Esperanza, que inició tareas investigativas junto con personal de la delegación La Pelada, cercana a la zona del hecho. En ese marco, se realizaron recorridas, inspecciones en establecimientos rurales vecinos y verificaciones de planteles ganaderos en el departamento San Justo, en busca de rastros que permitan reconstruir el destino del ganado.
Arber remarcó la magnitud del perjuicio económico y emocional que le provocó el hecho. “Nunca me pasó algo así. Alguna vez faltaron dos o tres animales, pero esto es tremendo. No es solo la plata, es el sacrificio de toda una vida dedicada a criar animales. Estamos muy golpeados”, sostuvo. También señaló que su campo se encuentra en una zona muy transitada, próxima a la ruta provincial 80-S y lindera al distrito de Llambí Campbell, lo que hace difícil imaginar un movimiento de tal magnitud sin que haya sido advertido.
En paralelo, la Sociedad Rural de Rosario difundió un duro comunicado en el que advirtió sobre el crecimiento de los delitos rurales en Santa Fe y apuntó contra la falta de políticas específicas para el sector. La entidad sostuvo que la desarticulación de mecanismos de control y la ausencia de respuestas por parte de los ministerios de Producción y Seguridad contribuyeron al agravamiento de la situación.
Desde la Rural rosarina indicaron que vienen solicitando reuniones con ambas carteras desde hace más de dos años sin obtener resultados concretos. Solo destacaron el trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que mantiene canales de atención abiertos para abordar los casos de abigeato y delitos rurales.
Además, alertaron sobre el desmantelamiento de la central del sistema OJO y la interrupción del vínculo operativo con las entidades agropecuarias, una herramienta que consideraron clave para la prevención y el monitoreo de robos de ganado, maquinaria agrícola y granos. “Preocupa que la agenda de seguridad se concentre exclusivamente en el ámbito urbano, sin propuestas concretas para el campo”, señalaron.
El caso de Santo Domingo vuelve a exponer una problemática persistente en amplias zonas rurales de la provincia, donde productores reclaman mayor presencia estatal, controles efectivos y políticas de prevención sostenidas para proteger una actividad clave para la economía regional.
