La condena a Martín Kunz por el brutal ataque a cadetes del Liceo Militar sumó un capítulo preocupante en las últimas horas. Su abogada defensora, la Dra. Virginia Balanda, denunció ser víctima de hostigamiento a través de pintadas intimidatorias realizadas en las inmediaciones del club Santa Rosa, una institución de la capital provincial con la que se la relaciona.
El hecho, interpretado como una represalia por su labor profesional, generó una contundente y unánime reacción de los organismos que nuclean a la defensa pública en Santa Fe, que salieron a respaldar a la letrada y a defender el rol esencial que cumplen en el sistema de justicia.
El repudio de los Defensores Públicos
La Asociación de Defensores Públicos de Santa Fe, Centro-Norte, emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente lo que calificaron como “hechos de vandalismo intimidantes” hacia Balanda, vinculados directamente a su intervención en la defensa técnica de Kunz.
“Aprovechamos la oportunidad para recordar que los defensores públicos tenemos el deber de garantizar el respeto por los derechos humanos y garantías constitucionales dentro de un proceso penal”, señala el texto. La asociación advirtió que “actos de esta naturaleza constituyen claros hostigamientos” que pueden “afectar el pleno desarrollo de las funciones asignadas por la ley y la Constitución”. Finalmente, exigieron que el hecho sea investigado.
Respaldo del Servicio Provincial de la Defensa
En la misma línea, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) se sumó al rechazo. A través de otro comunicado, el organismo repudió el “acto intimidatorio” y subrayó que este tipo de acciones no solo buscan condicionar el ejercicio profesional, sino que también “afectan principios fundamentales del Estado de Derecho”.
“Toda persona tiene derecho a una defensa técnica eficaz, conforme a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales”, recordaron desde la institución, al tiempo que expresaron su “solidaridad y pleno respaldo a la Dra. Balanda”. El mensaje de ambas entidades es claro: atacar a un defensor por cumplir con su deber es atacar una de las garantías fundamentales del sistema democrático.
