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Denunciaron a siete empresas pesqueras por operar con licencias británicas en Malvinas

La presentación judicial apunta contra compañías que extraen recursos del Atlántico Sur con permisos otorgados por las autoridades de las islas. La causa quedó en manos de la Justicia Federal en lo Penal Económico.

14 de septiembre de 2026


Siete empresas pesqueras fueron denunciadas ante la Justicia por operar en el Atlántico Sur con autorizaciones otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas. La presentación cuestiona la extracción de recursos pesqueros en áreas que Argentina considera parte de su Plataforma Continental y de su Zona Económica Exclusiva.

La denuncia quedó radicada en el fuero Penal Económico y alcanza a directivos, administradores y representantes legales de las compañías, en su mayoría de origen español. Los denunciantes sostienen que las firmas no cuentan con habilitación argentina para desarrollar esas actividades y plantean la posible existencia de delitos vinculados con el contrabando y la explotación de recursos naturales.

El planteo judicial se suma a la ofensiva que el Gobierno nacional viene impulsando contra empresas extranjeras que desarrollan actividades económicas en las islas con permisos británicos. Hasta ahora, la estrategia había estado especialmente enfocada en la explotación de hidrocarburos, pero la pesca comenzó a ocupar un lugar central en la discusión.

La pesca, en el centro del conflicto por Malvinas

La actividad pesquera representa uno de los principales recursos económicos de las islas y desde el sector pesquero argentino vienen reclamando que las medidas contra empresas que operan bajo licencias británicas también alcancen a esta actividad.

En los últimos días, el Gobierno analiza ampliar el régimen de sanciones para incluir a compañías vinculadas con la pesca en Malvinas. La iniciativa busca extender las restricciones previstas para empresas que participan de la explotación de recursos naturales bajo autorizaciones británicas.

La nueva denuncia judicial se produce en ese contexto y podría abrir una nueva etapa en la estrategia argentina para cuestionar las actividades económicas desarrolladas en el área en disputa.

El caso quedó ahora bajo análisis de la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal y establecer eventuales responsabilidades.