Un operativo de urgencia en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú permitió desbaratar un presunto plan para asesinar al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia; al juez federal de Paraná, Leandro Ríos; y al fiscal federal José Ignacio Candiotti.
La investigación apunta a una organización vinculada al narcotráfico que habría coordinado los ataques desde el interior del penal con el objetivo de impedir el inicio de un juicio oral previsto para el martes próximo.
Según fuentes judiciales, el debate está dirigido contra Leonardo Roberto Airaldi y otras 13 personas acusadas por tráfico de estupefacientes. El proceso se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, que confirmó que no modificará la fecha de inicio, aunque reforzará las medidas de seguridad en la sala de audiencias y en los traslados.
Allanamientos y custodias
La pesquisa se inició a partir de información aportada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Con esos datos, el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo ordenaron el allanamiento del pabellón E del penal, donde está alojado Airaldi. En el procedimiento, realizado por Gendarmería, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y dosis de cocaína que serán peritados.
De acuerdo con la investigación, la organización habría gestionado la contratación de dos sicarios uruguayos por una suma cercana a los 40.000 dólares para ejecutar los ataques. Testimonios incorporados a la causa mencionan que el plan incluía detalles sobre los movimientos del ministro Roncaglia y posibles emboscadas en zonas rurales cercanas a Paraná.
Tras el hallazgo, la custodia de los presuntos objetivos quedó a cargo de la Policía Federal Argentina, con apoyo de la policía provincial.
El trasfondo judicial
Airaldi, de 46 años, fue detenido en 2022 luego de que fuerzas federales interceptaran una camioneta en Rosario y hallaran casi 30 kilos de cocaína, además de armas y dinero. La investigación incluyó peritajes telefónicos y análisis de inteligencia que lo vincularon con redes de distribución a lo largo del río Paraná y con estructuras criminales de otras provincias.
El juicio que intentaba frustrar el presunto complot podría derivar, según la acusación fiscal, en una condena de hasta 15 años de prisión.
Repercusiones
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “profunda preocupación” por los hechos, al considerar que este tipo de maniobras atentan contra la independencia judicial y el funcionamiento del sistema democrático.
En la misma línea se manifestó la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que reclamó actualizar las evaluaciones de riesgo y reforzar la protección de fiscales y jueces frente a amenazas vinculadas al crimen organizado.
La investigación continúa para determinar el alcance del plan y la eventual participación de otros involucrados, mientras el proceso judicial por narcotráfico sigue en pie bajo un esquema de seguridad reforzado.
