La polémica ante la desaparición de una niña de 12 años embarazada de su padre y su posterior hallazgo en la sede de la ONG pro vida, Grávida, continúa y la asociación emitió un comunicado aclarando que intervinieron por solicitud de la madre de la menor.
"Nuestra intervención respondió ante una situación muy concreta. La madre de una menor, una niña embarazada, una gestación de 24 semanas y una patología clínica de relevancia.
¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando.
Ante una patología clínica compleja, ¿la interconsulta especializada no es un derecho de las personas? Eso fue lo que se propició.
Como a tantas familias de nuestro país que viven lejos de zonas urbanas donde se encuentran los centros de mejor atención, la familia recibió un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles. Y dijeron sentirse muy a gusto allí. (Ese lugar, ofrecido para ayudar, fue allanado).
Si nos situamos en el plano de las decisiones, la misma Ley contempla el consentimiento informado. Las personas pueden no aceptar la práctica ILE, aunque le hayan ofrecido su acceso en el marco de la Ley. Incluso puede pasar que, aún firmado el consentimiento, la persona libremente cambie su decisión (posibilidad que aparece reconocida en el mismo). Esto trasciende al acompañamiento ofrecido y aceptado.
Reiteramos y reafirmamos que el trabajo de Grávida respeta a todas las personas y la libertad de las personas. Nuestro proceder tiene esa premisa siempre.
Nuestro servicio se basa fundamentalmente en contener y acompañar, y nunca permanecer indiferentes ante cualquier situación de dolor y de dificultad que requiera nuestra ayuda. Y ha sido esa ayuda, respetuosa, personalizada y dialogada la que se aplicó en cada paso de nuestra intervención".
Recordemos que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Santa Fe emitió un comunicado solicitando que la Justicia investigue si la ONG pro vida Grávida. Buscan conocer si se incurrió en algún delito en el caso de la niña de 12 años embarazada en el marco de abuso intrafamiliar.
