Por Juan Trento
Una organización de ciberdelincuentes conocida como “Dictadores digitales” fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los operativos se llevaron a cabo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y en el departamento Las Colonias, en Santa Fe, desmantelando una red dedicada al hackeo de cuentas, filtración de datos y lavado de dinero.
La investigación, que se extendió por siete meses, fue ordenada por la Justicia Federal de Campana y se inició el 10 de marzo. Los pesquisas de la Dirección de Inteligencia del Crimen Organizado (DICCO) detectaron en una plataforma de mensajería un bot automatizado llamado “Sherlock Alerts”, diseñado para obtener y vender información privada robada de bases de datos gubernamentales y de empresas.
Un agente encubierto para infiltrar la red
A partir de la detección del bot, los investigadores confirmaron la existencia de la estructura “Dictadores”, integrada por desarrolladores, administradores y operadores técnicos. Para desentrañar su funcionamiento, la PFA utilizó un agente encubierto especializado que logró infiltrarse en la organización.
Gracias a esta operación de inteligencia se pudieron documentar las jerarquías internas y la metodología de la banda, que incluía acceso indebido a sistemas informáticos, phishing, extorsión, suplantación de identidad y lavado de activos mediante criptomonedas. Además, se detectaron maniobras de “grooming” para acceder a cuentas bancarias y perfiles digitales de menores de edad.
Once detenidos y múltiples delitos imputados
Como resultado de los 22 allanamientos, fueron detenidos once de los dieciocho principales investigados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, pendrives y dinero en efectivo de diversas denominaciones (pesos, dólares, euros, libras esterlinas, entre otros). También se incautaron vehículos, documentación clave y más de dos kilogramos de marihuana.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó que los once aprehendidos permanezcan privados de su libertad. Se les formó una causa por los delitos de extorsión y amenazas, suplantación de identidad, lavado de activos y contrabando digital.
