El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Santa Fe resolvió destituir al juez Fabio Marcelo Della Siega, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en el fuero de Familia, con sede en la capital provincial. La decisión fue adoptada por mayoría en el marco de un proceso de jury llevado adelante conforme a la legislación vigente.
Según se desprende de la resolución, la conducta del magistrado fue considerada encuadrada en las causales previstas en los artículos 7, incisos 1° y 2° de la Ley N° 7.050 y sus modificatorias, normativa que regula el enjuiciamiento de jueces en la provincia. Si bien el documento no detalla en esta instancia los fundamentos específicos de la sanción, establece que existieron motivos suficientes para avanzar con la remoción del cargo.
La audiencia y resolución estuvieron a cargo de un tribunal integrado por miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, representantes del Poder Legislativo y abogados de la matrícula. La presidencia estuvo a cargo del titular de la Corte, Rafael Francisco Gutiérrez, acompañado por los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder, junto a las juezas Margarita Zabalza y Andrea Deco.
También formaron parte del cuerpo los legisladores Felipe Michlig, en representación del Senado, y José Corral, por la Cámara de Diputados, además de abogados designados por los colegios profesionales de Rosario y Venado Tuerto. Todos ellos emitieron sus respectivos votos y fundamentos en relación con el caso.
Durante el proceso, el rol de acusador estuvo a cargo del procurador general de la Corte Suprema provincial, Jorge Barraguirre, mientras que la defensa técnica del magistrado fue ejercida por abogados del foro local.
La destitución de Della Siega implica su apartamiento definitivo del cargo judicial, en una decisión que vuelve a poner en foco los mecanismos de control institucional sobre el desempeño de los magistrados en la provincia.
El fallo, fechado el 21 de abril de 2026, constituye una de las resoluciones más relevantes recientes del Tribunal de Enjuiciamiento y se inscribe dentro de los procedimientos previstos para garantizar la responsabilidad y la idoneidad en el ejercicio de la función judicial.
