Por Juan Trento
En las últimas horas concluyeron los ocho allanamientos que ejecutaron pesquisas de la Unidad de Investigación de Antiterrorismo (DUIA) de la Policía Federal Argentina, con allanamientos simultáneos que tuvieron como epicentro la ciudad de Venado Tuerto en el departamento General López de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Córdoba capital de la provincia homónima y en Lanús y Dock Sud en la provincia de Buenos Aires. La investigación arrancó en el mes de marzo de 2019 y contó con la colaboración del FBI (Federal Bureau of Investigación) norteamericano, y durante las requisas que se hicieron en las viviendas particulares de los principales investigados fueron secuestrados material gráfico (literatura diversa) y tecnológico relacionado con la organización radical islámica ISIS y con comunicación articulada entre ellos con soportes de tecnología virtual y aplicación de redes sociales, y conversaciones entre usuarios partidarios del grupo terrorista con sede en América Latina, Estados Unidos de América y Europa.
Investigación
A partir del mes de marzo y como consecuencia de un informe de inteligencia al que accedieron investigadores del Ministerio de Seguridad de la Nación, éste detallaba sobre la interactuación entre miembros de un grupo internacional a través de la plataforma de Telegram, donde quedó establecido la llegada de información a los argentinos sobre el armado de explosivos, siendo que uno de los argentinos pedía precisiones con el envío de tutoriales. También estaba en los planes un ataque con un camión en una marcha contra la comunidad LGTB. Ese primer eslabón detectado, movió el fichero, y como el dominó, todas las otras fichas se activaron súbitamente. En ese marco fue hecha la denuncia y judicialización del caso, y la consecuencia fue la investigación pormenorizada de este caso y la identificación de las personas.
Nexo entre miembros
En ese juego rápido, entró a tallar el FBI norteamericano, ya que en una investigación propia, ellos tenían detectadas a esas redes en el territorio argentino, con base en tres distintas ciudades y provincias: Venado Tuerto en el departamento General López de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Córdoba de la provincia homónima y en Lanús en la provincia de Buenos Aires. Lo que vino después fue el nexo existente entre los miembros argentinos, y se confirmó la traducción de noticias y de propaganda del grupo terrorista islámico ISIS.
Allanamientos
Como consecuencia de la colección de elementos probatorios incriminantes, la causa 2272/2021 que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 10 a cargo de Julián Ercolini, hizo desde el primer momento que se abocaran a la investigación del caso, los pesquisas de la dirección de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal Argentina PFA, de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de su Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), siendo éstos últimos los coordinadores con los agentes del FBI norteamericano, y se ordenaron los allanamientos a los inmuebles en Venado Tuerto (Santa Fe), Córdoba capital (provincia homónima) y en Dock Sud y Lanús en la provincia de Buenos Aires.
Elementos probatorios
Fueron identificados cinco hombres, un colombiano y cuatro argentinos, y de la requisa pormenorizada en cada uno de los inmuebles, fueron secuestrados 11 teléfonos celulares, cinco pendrive, un reproductor mp3, 5 libros y diarios, un disco rígido y ocho memorias RAM, dos lectores de memoria, tres discos duros, una tablet, un modem, cinco libros de ISIS y documentos con inscripciones en árabe.
Organismos federales y Juez Ercolini
El resultado de los ocho allanamientos, la identificación de cuatro detenidos, y el todo el material secuestrado con cadena de custodia fue informado al Ministerio de Seguridad de la Nación, las Jefaturas de la Policía Federal Argentina (Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales) , de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y a través de ellos con el FBI norteamericano, la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), e hicieron lo propio con el juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 10 a cargo de Julián Ercolini. El magistrado ordenó la identificación de todas las personas aprehendidas durante la ejecución de los allanamientos.
