Decenas de allanamientos fueron ejecutados por pesquisas del departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, como consecuencia de una investigación que se inició como contaminación ambiental ocurrida en una destilería clandestina ubicada en Valentín Alsina en el partido de Lanús en la provincia de Buenos Aires, y que tuvo impensadas derivaciones sobre una banda criminal dedicada al robo de petróleo crudo. La detección de un by pass -sistema de extracción ilegal del combustible- que era sacado de un ducto superior transportador de petróleo y posteriormente vaciado en piletones de tierra para finalmente ser transportado en camiones cisternas a distintas destilerías clandestinas para refinarlo y convertirlo en combustible, y la posterior venta a estaciones de servicio sin bandera y productores agropecuarios. A comienzos de año descubrieron una maniobra similar en Bahía Blanca. Hubo 23 detenidos, una inmensa cantidad de elementos probatorios incriminantes como dinero en efectivo en pesos, dólares, camiones, herramientas para la extracción de petroleo, armas de fuego, balas y cartuchos y documentación de todo tipo. Los procedimientos fueron realizados en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. La causa esta caratulada como la presunta infracción a la ley nacional N° 24.051 que es la referida a los Residuos Peligrosos.
Investigación
La investigación de la Policía Federal Argentina fue comunicada a la fiscal federal Cecilia Incardona, que trabajo en conjunto con oficiales y suboficales de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, en primera instancia bajo la sospecha de contaminación ambiental por arrojamiento de líquidos combustibles en la cuenca Matanza - Riachuelo, y que tuvo como derivación el acceso a una verdadera organización criminal montada para la extracción del petróleo mediante la aplicación de un by pass en el caño maestro -ducto para el transporte de petróleo- la extracción y el transporte del combustible, su refinado para volverlo combustible -vertiendo los desechos en la cuenca Matanza - Riachuelo- y finalmente comercializarlo con estaciones de servicio sin bander y presumiblemente también a productores agropecuarios.
Organización criminal
Fueron detenidas 23 personas relacionadas directamente con la maniobra, y entre ellos figura el cabecilla, que es el capitalista y organizador de la banda criminal, y quien disponía de toda la logística para la perpetración del delito en todo el circuito -y que fue apresado en una destilería de Olavarría-, que incluyó hasta la compra de camiones, tanques y máquinas para el procesamiento del petróleo crudo, luego convertido en combustibles. Durante la ejecución de los allanamientos fueron secuestrados 12 millones de pesos, 3 mil 700 dólares, 2 mil 485 euros y 1010 pesos bolivianos, siete camiones,6 cisternas y 12 livianos, bombas de succión, 15 tramos de manguera para camión cisterna, soldadores y herramientas especiales para la realización de maniobras denominadas "boca de pez" con los que se extrae petróleo crudo de los oleoductos y 17 teléfonos celulares, cinco armas de fuego, una pistola Glock calibre 40 -que es un arma de fuego de guerra-, tres escopetas calibre 16 y una carabina calibre 22 de precisión, todas en buenas condiciones de mantenimiento y de funcionamiento, 130 balas y cartuchos de diferentes calibres.
Empresa damnificada
El tramo en el que fue sustraído el petróleo corresponde al que existe entre Banía Blanca y La Plata, puntualmente en la refinería que tiene la empresa YPF, que es por ahora la única damnificada, aunque no se descarta en el plano investigativo, que otras empresas petroleras hubieran resultado damnificadas por la maniobra. Fueron cerrados ocho establecimientos que aparecen dentro de la investigación, tanto de acopio como refinerías clandestinas de combustible.
Cuatro provincias argentinas
Como corolario del trabajo investigativo judicial y policial, este martes hubo casi 100 policías federales que ejecutaron decenas de allanamientos en cuatro provincia argentinas: Olavarrái, Bahía Blanca, La Matanza, Hurlingham, General Rodríguez, Pilar y Ramallo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, en La Pampa y en Neuquén, y también estuvieron presentes funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP.
