La Justicia argentina determinó que no hay suficientes elementos para concluir que existieron sobornos por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener la concesión del soterramiento por el ferrocarril Sarmiento, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Así lo sostuvo el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en una resolución en donde dispuso procesamientos para los principales funcionarios del ex Ministerio de Planificación (Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López) por delitos de negociaciones incompatibles. A los de menor rango, les imputó el incumplimiento de los deberes de funcionario.
La novedad incluyó la falta de mérito para la mayoría de los empresarios, entre ellos para Ángelo Calcaterra, que habían participado en el proceso de licitación y que desfilaron por Comodoro Py.
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, no han sido acreditadas "las maniobras de cohecho activo y pasivo, ligadas a la obra del soterramiento, que podrían responder a lo señalado precedentemente, y se habrían materializado mediante pagos efectuados por parte de los integrantes de las firmas que conformaran la UTE adjudicataria a los funcionarios públicos encargados de llevar adelante la licitación, por distintas vías, entre ellas, con la realización de transferencias enmarcadas en el esquema internacional de pago de 'coimas' montado por el Grupo Odebrecht a través de su 'División de Operaciones Estructuradas', desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore".
Además de Calcaterra, hubo falta de mérito para los empresarios Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian, Augusto Omar Adur, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Juan Ramón Garrone, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Juan José Rampoldi, Carlos Gabriel Oliva, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Riccardo Dina, Lorenzo Ghella, Mario Cenciarini, Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez. También para Nelson Lazarte, uno de los secretarios de Baratta.
"No es factible afirmar o descartar que hubieren sido parte de la presunta maniobra precedentemente descrita, que aún no ha sido posible corroborar, y que tampoco aparecen involucrados en aquellas conductas ilícitas", sostuvo el juez.
Solo hubo procesamientos por dádivas a tres empresarios: Javier Sánchez Caballero (IECSA), ex detenido en la causa de los cuadernos; para Héctor Ramón Castro (COMSA), y contra Ignacio Soba Rojo, de la firma CAESA S.A.
Por otro lado, el fallo incluyó exhortos a Brasil con el fin de interrogar a Marcelo Odebrecht y a un grupo de arrepentidos de ese país, claves en la hipótesis de acusación de los sobornos que se habrían pagado en la Argentina. También reclamó información pendiente a Estados Unidos, Andorra y España. Precisamente, recién en las últimas horas, el juez recibió la primera repuesta del país vecino a los documentos que había solicitado inicialmente en 2016. Lo que sí hizo, al firmar el fallo, fue homologar el acuerdo para obtener información de Brasil que había suscripto el Ministerio Público con la Procuración de ese país.
En Comodoro Py 2002 hay abiertas tres causas que ponen bajo la lupa las obras que hizo la brasilera Odebrecht en la Argentina. Una es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, otra es la construcción de dos plantas potabilizadoras y otra es la ampliación de gasoductos. En todas está implicado De Vido. La compañía admitió que pagó 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular los proyectos en los que invirtió.
En el caso del Sarmiento, Martínez De Giorgi ordenó en abril del año pasado una ronda de medio centenar de indagatorias por las irregularidades y sobreprecios detectados en el proceso de licitación. La obra, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA, Ghella y ComSa SA.
Ahora, el juez entendió que no se podía corroborar la hipótesis de la coima con los elementos que tiene hasta el momento, según se desprende de una resolución de más de 263 páginas a la que accedió Infobae.
Incluso, Martinez De Giorgi indicó que tampoco se pudieron acreditar los indicios que aparecieron en el capítulo de los cuadernos y por el que se amplió la indagatoria a ex funcionarios y empresarios.
El juez, no obstante, le pidió a su colega Bonadio que le envíe la declaración que prestó como arrepentido en el causa de los cuadernos el ex secretario de Obras Públicos José López, procesado como organizador de aquella asociación ilícita que recibió sobornos de los empresarios.
"Se advierte que resulta de vital importancia para el avance de la investigación, en orden a los aspectos mencionados, la información solicitada a la República Federativa del Brasil, la cual estaría próxima a arribar gracias a las avanzadas tratativas llevadas adelante por el titular de la Fiscalía nro. 5 del fuero, Dr. Franco Picardi, con las autoridades de dicho país -homologadas por este Juzgado-, en virtud de las que se está por alcanzar un acuerdo de colaboración para la obtención de prueba sustancial para la presente. No obstante ello, también se encuentra pendiente de recepción distinta información solicitada a diferentes países, que podrían aportar elementos de relevancia para la investigación", aseguró el magistrado.
Fuente: Infobae
