En una audiencia celebrada este viernes en los tribunales de Reconquista, el juez Martín Gauna Chapero ordenó la prisión preventiva de un hombre investigado por amenazar de muerte al intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot. El pedido fue formulado por el fiscal Sebastián Galleano, quien detalló la gravedad de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado martes.
Según la investigación, el imputado inició una secuencia de comunicaciones violentas cerca de las 3:00 de la mañana. Tras un intento de llamada fallido, la víctima devolvió la comunicación y fue recibida con insultos y un tono agresivo que impidió cualquier diálogo, obligando al funcionario a cortar el contacto.
Mensajes de audio y presión institucional
Lejos de deponer su actitud, el agresor envió al menos cinco mensajes de audio a través de WhatsApp. El fiscal Galleano explicó que en estos registros el hombre desplegó un “discurso violento y coactivo”, donde no solo amenazó de muerte a Braidot, sino que también le exigió tomar decisiones públicas que afectaban a terceros.
“El imputado reforzó el carácter coactivo mediante una amenaza de máxima gravedad, introduciendo la posibilidad de causar la muerte de un tercero como mecanismo de presión”, argumentó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además, el sujeto intentó doblegar la voluntad del intendente mediante amenazas de descrédito y exposición pública.
Temor fundado y resolución judicial
Para la fiscalía, el accionar del investigado fue deliberado y estuvo orientado a imponer su voluntad sobre un funcionario público mediante el uso del miedo. Durante la audiencia, se reveló que el propio intendente manifestó ante la justicia haberse sentido “efectivamente atemorizado” por la inminencia del mal prometido.
Ante los riesgos procesales y la seriedad de las amenazas, el magistrado resolvió que JGA permanezca detenido mientras continúa el legajo penal. La causa avanza bajo la calificación de amenazas coactivas, un delito que busca proteger tanto la integridad de las personas como el libre ejercicio de las funciones institucionales en la región.
