La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para una sesión clave en la que intentará dar tratamiento definitivo al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, podría ser aprobada con modificaciones, lo que obligaría a un nuevo análisis por parte de la Cámara Alta.
El oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe trabaja contrarreloj para alcanzar los consensos necesarios y destrabar algunos puntos que todavía generan diferencias internas. Entre los cambios que se evalúan figura la incorporación de jueces de faltas en las ciudades de Santa Fe y Rosario como autoridades de aplicación de la normativa.
Antes de la sesión, las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Seguridad Pública volverán a reunirse con el objetivo de firmar el dictamen que habilite el tratamiento del proyecto en el recinto.
La propuesta legislativa, impulsada por el senador Ciro Seisas, establece la prohibición de ofrecer servicios de cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero. Además, contempla sanciones económicas, arrestos para casos de reincidencia y agravantes cuando existan organizaciones o acuerdos entre varias personas para desarrollar estas actividades.
La Iglesia pidió contemplar la inclusión social
En la previa del debate, representantes de la Pastoral Social de las Arquidiócesis de Santa Fe y Rosario expusieron ante legisladores provinciales para manifestar sus reparos respecto de la iniciativa.
A través de un documento titulado “La dignidad humana como eje de la convivencia urbana”, la entidad advirtió que el fenómeno de los cuidacoches está estrechamente vinculado con situaciones de pobreza, informalidad laboral y falta de oportunidades. En ese sentido, planteó que una prohibición general podría profundizar los procesos de exclusión social.
El sacerdote Andrés Clausen, asesor espiritual de la Pastoral Social, sostuvo que cualquier medida debería estar acompañada por políticas públicas de inclusión y alternativas laborales para quienes dependen de esta actividad como fuente de ingresos.
Además, la Iglesia propuso avanzar en esquemas de regulación, registro e identificación de los trabajadores, junto con programas de capacitación y acompañamiento social.
Organismos de derechos humanos cuestionaron el proyecto
Las críticas también llegaron desde distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. Integrantes del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe participaron de las reuniones legislativas y expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa.
Desde el sector sostienen que el proyecto criminaliza la pobreza y sanciona actividades que, en muchos casos, se desarrollan mediante acuerdos voluntarios entre particulares. Asimismo, advirtieron sobre posibles cuestionamientos constitucionales relacionados con la aplicación de sanciones basadas en interpretaciones subjetivas sobre situaciones intimidatorias.
En un documento conjunto, diversas organizaciones reclamaron que el Estado priorice políticas orientadas a la inclusión laboral y la protección de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
El respaldo de municipios e intendentes
Mientras tanto, intendentes y gobiernos locales respaldan la iniciativa y consideran que la ley permitirá contar con mayores herramientas para ordenar el espacio público y actuar frente a denuncias por amenazas, extorsiones o apropiación indebida de sectores destinados al estacionamiento.
Entre quienes expresaron su apoyo se encuentra el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien señaló que la normativa puede contribuir a abordar una problemática que genera reclamos frecuentes de vecinos y comerciantes. No obstante, reconoció que la ley no resolverá por sí sola las causas estructurales vinculadas a la pobreza y la exclusión.
Con posiciones enfrentadas y negociaciones que continúan hasta último momento, la discusión promete convertirse en uno de los debates legislativos más relevantes del año. Más allá de la regulación de los cuidacoches, la discusión pone sobre la mesa el rol del Estado frente a problemáticas atravesadas por la inseguridad, la informalidad laboral y la vulnerabilidad social.
