Diputados nacionales pertenecientes a diferentes espacios políticos unificaron criterios para relanzar y promover el urgente tratamiento parlamentario del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Congreso de la Nación. La iniciativa, que busca impedir de forma taxativa que personas con condenas judiciales confirmadas puedan postularse a cargos públicos electivos nacionales, ya había obtenido la media sanción en la Cámara baja en febrero de 2025, pero su posterior rechazo en el Senado frustró su promulgación.
Ante este revés, representantes de los bloques Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Adelante Buenos Aires asumieron una serie de compromisos institucionales: unificar las propuestas existentes, convocar al resto de las bancadas y respaldar el histórico reclamo de los movimientos civiles. Los legisladores recalcaron que resulta indispensable sancionar la norma con suficiente antelación para que sus regulaciones rijan de manera plena durante los comicios legislativos y presidenciales previstos para el año 2027.
Santa Fe como ejemplo y el reclamo de los legisladores
La diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, destacó la necesidad de no dejar pasar una nueva oportunidad histórica para elevar los estándares institucionales. “Muchas provincias ya avanzaron y en Santa Fe dimos un paso más: la incorporamos a nuestra Constitución como política de Estado. Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. Es momento de que el Congreso Nacional esté a la altura de esa demanda”, manifestó la legisladora santafesina.
En sintonía, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, apuntó contra los sectores políticos que demoran el debate. Sostuvo que el proyecto no puede seguir trabado por quienes intentan garantizarse impunidad o proteger estructuras sospechadas de corrupción. Por su parte, la diputada bonaerense Karina Banfi definió a Ficha Limpia como un compromiso moral ineludible con la sociedad, señalando que la propuesta funciona simplemente como un requisito electoral de idoneidad y transparencia que no reviste mayor complejidad técnica para su aprobación.
