Los bloques de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal manifestaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo busca reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional. Desde el interbloque Unidos advirtieron que no existen razones de necesidad ni urgencia que justifiquen abordar un tema de alta sensibilidad institucional por fuera del ámbito del Congreso.
En un comunicado difundido este 2 de enero, los legisladores cuestionaron que el decreto haya sido dictado mientras permanecen incompletas las comisiones bicamerales encargadas de controlar tanto el uso de los DNU como el funcionamiento de los organismos de inteligencia. En ese sentido, reclamaron la inmediata conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo y de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, al considerar que su ausencia debilita el sistema de controles previsto por la Constitución.
Según señalaron, el DNU introduce cambios de fuerte impacto institucional. Entre ellos, la declaración de que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto, lo que —advirtieron— amplía la opacidad en un área que la legislación vigente había diseñado con límites estrictos y supervisión parlamentaria. También cuestionaron la extensión de la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que, según alertaron, podría habilitar prácticas de vigilancia sobre organismos y trabajadores ajenos a tareas sensibles.
Otro de los puntos más criticados es la habilitación para que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia. Para los bloques opositores, se trata de una facultad propia de las fuerzas de seguridad que rompe con el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia, que establece que los servicios de inteligencia no deben funcionar como una policía secreta.
Los legisladores denunciaron además que el decreto fue dictado sin debate público, sin la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil ni la consulta a las provincias. Por ese motivo, exigieron que el Congreso trate y rechace el DNU conforme a lo establecido en la Ley 26.122 y reclamaron que cualquier reforma del sistema de inteligencia se discuta en el Parlamento, de cara a la sociedad.
Finalmente, remarcaron que la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero advirtieron que no puede alcanzarse a costa de debilitar la Constitución, el rol del Congreso y las garantías individuales. En ese marco, afirmaron que no convalidarán un esquema de inteligencia “más opaco, más concentrado y con menos controles”.
