El conflicto en el sistema universitario nacional suma un nuevo capítulo. El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió profundizar el plan de lucha docente con paros semanales a partir del 16 de marzo, en reclamo de recomposición salarial, mayor presupuesto para las universidades y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada luego de que el congreso de la federación se declarara en sesión permanente ante lo que calificaron como un fuerte ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema universitario.
El nuevo esquema de protestas contempla un paro de una semana desde el 16 de marzo, cuando ya estarán en marcha las actividades académicas en la mayoría de las universidades del país. Además, se prevén nuevas acciones gremiales durante la semana del 24 de marzo —en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1976— y otro paro desde la semana del 30 de marzo.
Las medidas serán evaluadas nuevamente el 1 de abril, cuando el gremio analizará la continuidad y posible intensificación del plan de lucha en caso de que no haya respuestas a los reclamos.
Desde la federación también se resolvió avanzar en la organización de una nueva Marcha Nacional de las Universidades Públicas, que buscará convocar a toda la comunidad universitaria y a distintos sectores sociales en defensa del sistema educativo superior.
El plan de acción tendrá carácter federal y se realizará en coordinación con otras organizaciones del sector, entre ellas CONADU, dentro del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En paralelo, el gremio ratificó su adhesión al Paro Internacional Feminista y Transfeminista del 9 de marzo, en línea con el histórico acompañamiento de la docencia universitaria a las luchas por los derechos de mujeres y diversidades.
Entre los principales reclamos, los docentes denuncian el deterioro salarial y advierten que los ingresos del sector han quedado por debajo de la línea de pobreza. Según señalaron, esta situación ya provocó la renuncia de más de 10 mil docentes universitarios, lo que afecta el funcionamiento de cátedras y equipos académicos.
También cuestionaron la situación presupuestaria de las universidades y acusaron al Gobierno nacional de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada en distintas instancias institucionales.
De acuerdo con la federación, el escenario actual pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público, que involucra a casi dos millones de estudiantes, cerca de 200 mil docentes y unos 50 mil trabajadores nodocentes en todo el país.
Ante este panorama, desde el gremio convocaron a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a acompañar las medidas y a defender el sistema de educación superior público. “La universidad pública de calidad es un derecho”, señalaron desde la organización.
