Desde este miércoles hasta viernes, docentes y no docentes universitarios de todo el país llevan adelante un paro nacional de 72 horas, en reclamo de la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de las negociaciones paritarias. La medida fue convocada por la CONADU Histórica y cuenta con la adhesión de la CTA Autónoma y de las asociaciones locales de base, entre ellas la ADUL, que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
El paro incluye la suspensión de actividades académicas y administrativas en las universidades públicas, así como distintas acciones de visibilización. En Santa Fe, ADUL anunció para el viernes 14 a las 10 de la mañana una clase pública y volanteada en la explanada del Rectorado de la UNL. La actividad contará con un panel sobre vanguardias tipográficas y movimientos del siglo XX, a cargo de la cátedra Tipografía II de la carrera de Diseño de la Comunicación Visual (FADU).
La consigna central de la protesta es “La educación no se vende, se defiende”, y apunta a exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada pero aún sin ejecución plena. Según los gremios, el presupuesto destinado a las universidades no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones ni los salarios acordes a la inflación.
“Defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad, que hoy atraviesa una situación crítica”, expresaron desde ADUL en un comunicado. Además, reclamaron la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, quienes vienen sufriendo “una pérdida constante del poder adquisitivo frente a la escalada de precios”.
La protesta se enmarca en una serie de acciones que los gremios universitarios vienen impulsando desde mediados de año ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. De no haber avances en las negociaciones, no descartan nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Con la consigna “Universidad pública siempre”, los gremios ratificaron que seguirán reclamando “una política de financiamiento que garantice el derecho a la educación superior en todo el país”.
