La nueva cárcel federal de Coronda, inaugurada hace pocos meses para descomprimir el sistema penitenciario nacional, ya alcanzó su límite de capacidad. Según el último relevamiento de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), el Servicio Penitenciario Federal (SPF) aloja actualmente a 12.062 personas privadas de su libertad, lo que implica 529 presos más de los que el sistema puede albergar.
El informe, correspondiente a septiembre de 2025, advierte un incremento del 3,2% respecto de diciembre del año pasado, equivalente a 366 nuevos internos. La tendencia confirma un crecimiento sostenido de la población carcelaria que, pese a la creación de nuevas plazas, ya absorbió por completo la capacidad de la cárcel federal de Coronda, la más moderna del país.
El aumento de personas detenidas bajo la órbita federal genera preocupación entre especialistas en derechos humanos, ya que las unidades penitenciarias vuelven a operar por encima de su capacidad, apenas meses después de las inversiones en infraestructura. En el caso de Coronda, las plazas fueron ocupadas en tiempo récord por personas trasladadas desde penales bonaerenses y federales de Córdoba, Rosario y Ezeiza.
El relevamiento, elaborado por el área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN, detalla además que el 60,5% de la población penal cumple condena, mientras que el 39,5% permanece detenida con prisión preventiva. En el grupo de jóvenes de entre 18 y 21 años, la proporción de detenciones sin condena asciende al 70%.
Otro dato preocupante es el crecimiento del número de mujeres encarceladas, que aumentó un 8% durante el año y triplicó la cantidad de detenidas que conviven con hijos e hijas dentro de las unidades. Actualmente, 15 niños viven en cárceles federales junto a sus madres.
Para la Procuraduría, la sobrepoblación no solo refleja una crisis estructural en el sistema penitenciario, sino también la falta de políticas efectivas para reducir el encarcelamiento preventivo y mejorar las condiciones de detención.
A pesar de las nuevas instalaciones, como la cárcel de Coronda, el reporte concluye que la expansión edilicia no logró revertir el problema de fondo: el aumento constante de la población penal en un contexto de precariedad judicial y ausencia de medidas alternativas a la prisión.
