El año legislativo 2025 llega a su fin consolidándose como uno de los períodos de menor productividad en la historia reciente del Congreso de la Nación. La dinámica parlamentaria estuvo regida por una estrategia de confrontación y parálisis donde La Libertad Avanza, pese a su minoría, logró imponer un “freno de mano” a la actividad de las cámaras. A través del cierre de comisiones estratégicas y una política de “acelerar en las curvas”, el Poder Ejecutivo mantuvo una relación de máxima tensión con una oposición que, tras un primer año de diálogo, comenzó a articular mayorías circunstanciales para intentar marcar su propia agenda.
Las estadísticas reflejan la profundidad de esta inactividad, con solo once leyes aprobadas a lo largo de las 52 semanas del año. En contraste con la baja sanción de normas, el Poder Ejecutivo recurrió de manera sistemática a sus facultades de control, acumulando siete vetos totales o parciales y sufriendo el rechazo de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia. La falta de consenso se manifestó incluso en el modo de convocar a los legisladores, ya que la mitad de las 22 sesiones realizadas fueron de carácter especial, solicitadas por la oposición ante la negativa del oficialismo de habilitar el debate ordinario.
Este escenario obligó a las fuerzas opositoras a recurrir a mecanismos poco frecuentes, como los emplazamientos, para forzar la apertura de comisiones que el oficialismo mantenía inactivas. Solo en la Cámara de Diputados se registraron 20 emplazamientos, un récord histórico que evidencia las dificultades para convertir cualquier iniciativa en ley. El proceso se volvió un camino de obstáculos donde la oposición debía reunir quórum para abrir el recinto, votar la apertura de la comisión, obtener dictamen, volver a sesionar para la media sanción y repetir el ciclo en el Senado, muchas veces con el riesgo latente de un veto presidencial que devolvía todo el trámite a foja cero.
La autoría de las pocas leyes que lograron atravesar este laberinto parlamentario también es reveladora. De las once normas sancionadas, tres fueron acuerdos internacionales heredados de gestiones anteriores y las ocho restantes fueron iniciativas impulsadas exclusivamente por bloques opositores. Entre ellas se destacaron temas de alta sensibilidad social como aumentos jubilatorios, el financiamiento de universidades nacionales y la emergencia en discapacidad, proyectos que en su mayoría terminaron enfrentados a la voluntad del Ejecutivo.
Finalmente, el oficialismo sufrió su derrota más simbólica en el Senado con el rechazo de los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. Ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla lograron obtener el acuerdo necesario de la Cámara Alta, dejando sin efecto la principal apuesta política de La Libertad Avanza en el ámbito parlamentario durante las sesiones ordinarias. De este modo, el Congreso despide el 2025 inmerso en un esquema de polarización extrema que anticipa un inicio de 2026 con desafíos económicos urgentes y una gobernabilidad que seguirá dependiendo de alianzas sumamente frágiles.
