El decálogo de distribuidores y autoservicios mayoristas para frenar la inflación y aliviar la carga fiscal

El sector pyme propuso 10 medidas para frenar la inflación en alimentos y productos de primera necesidad. El principal problema que manifiestan es la carga impositiva.

De acuerdo a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) más del 40% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos. Por eso, piden medidas urgentes al gobierno nacional, a las provincias y municipios para evitar la caída de ventas del sector tradicional del comercio, compuesto por mayoristas, 140 mil almacenes, supermercados y comercios de cercanía. En conjunto, distribuyen los alimentos, bebidas, productos de perfumería, de higiene y limpieza a más del 60% de la población.

“Impuestos, tasas y contribuciones agobian a las pymes, aumentan sustancialmente los costos laborales y de producción y, por ende, se trasladan a los precios. Entre ellos, hay polémicos aportes injustificables que afectan a la industria y al comercio de productos de primera necesidad, sobre todo, en momentos de crisis”, señala CADAM.

La primera medida que piden se relaciona con la contribución patronal “obligatoria” al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Afirman que el aporte a cargo del empleador es de $3821,60 por cada empleado de comercio. El sector emplea a 1,2 millones de trabajadores, por lo que el instituto estaría recaudando por mes más de $4.500 millones, que administran ciertos gremios empresarios, con el fin de “capacitar”.

“Entendiendo las dificultades que atraviesa el sector con aumento de alquileres y tarifas, inflación, dificultades para acceder a créditos, caída de ventas, resultaría ilógico mantener este aporte, que no le representa ningún beneficio al aportante ni al trabajador, si decide no capacitarse”, explican desde CADAM.

Desde el sector mercantil piden eliminar el Impuesto al Cheque para la cadena tradicional del comercio PyME, que actualmente paga el 0,6% de ese gravamen.

“Esta no es una medida utópica si se advierte que -para palear la misma problemática- el Estado redujo la carga fiscal del sector de droguerías y farmacias a 0.075%”, indican.

Desde CADAM aseguran que el impuesto a los Ingresos Brutos provinciales son distorsivos, a sabiendas de que el consumidor lo paga hasta 3 veces. Por eso, el sector empresario sugiere se reemplace por un IVA provincial.

Este tributo convive con tasas municipales, que incluso “han sido declaradas inconstitucionales por las máximas autoridades judiciales”, aseguran.

“Resulta importante que los municipios se comprometan también a revisar sus tasas. Algunos ejemplos como el impuesto al Calco, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, o tasa de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas, son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes, y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras”, explican desde CADAM.

Por otra parte, las industrias y los productores piden derogar la Ley 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que según la normativa, su misión es “promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector”.

De acuerdo a CADAM, nada de esto se logró, aunque deben continuar aportando. En 2023, los argentinos compraron 52 millones de litros de vino menos que en 2022 (-6,3%), mientras que las exportaciones de vino argentino se desplomaron un 31,7% en volumen en comparación con el año anterior.

Por otro lado, piden eliminar o retrotraer el IVA para productos alimenticios de primera necesidad que integran la canasta básica. En España, por ejemplo, se acaba de eliminar esta semana el IVA para incentivar el consumo de aceite de oliva.

Una medida que iba en esa línea fue promovida por el ex ministro de Economía, Sergio Massa. El programa “Compre sin IVA” preveía la devolución del impuesto con un tope de $18.000 para los productos de la canasta básica a jubilados, trabajadores y monotributistas. Luego, la iniciativa no fue prorrogada por el presidente Javier Milei.

Las pymes también expresaron que necesitan que se puedan utilizar los saldos a favor de AFIP para abonar cualquier otra obligación fiscal del organismo, evitando así su devaluación. Como así también, dicen que es necesario se implementen mecanismos “simples” de devolución rápida.

“Anticipar impuestos por Ganancias que no se obtuvieron resulta irrazonable, sobre todo para un sector vinculado a la comercialización de productos de primerísima necesidad”, afirman.

En tanto, CADAM señala que se necesita retrotraer el Impuesto PAIS para todos los insumos y productos esenciales de consumo masivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que si se aprobaba la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, algo que finalmente ocurrió, lo iba a reducir del 17,5% al 7,5%. Aún no hay fecha de cuando cumplirá con la promesa. El único indicio que es a fin de año se eliminará por completo, de acuerdo a lo planteado en adelanto del  proyecto de presupuesto 2025.

Otra cuestión que pide CADAM es la creación de un Cuota Simple Mayorista, que permita a los 140 mil comercios, tiendas y supermercados de barrio comprar en cuotas al mayorista, para sostener así los precios al público frente a los efectos de la inflación.

El beneficio de desgravación de bienes de capital del Impuesto a las Ganancias estaba incluido en la Ley 27.264, pero caducó. “Resulta necesario para que las pymes puedan incorporar maquinaria y tecnología para mejorar la competitividad. Además, sería importante la creación de un régimen especial de incentivos a la inversión de las pequeñas y medianas industrias nacionales”, sostienen.

No todos recaen sobre los contribuyentes. En este sentido, en la actualidad las pequeñas y medianas empresas pagan un promedio de 33 impuestos y deben enfrentar regímenes especiales de retenciones y percepciones para diferentes actividades.

También, hay que mencionar que la inflación en alimentos se mantiene relativamente baja respecto a meses anteriores pero a fuerza de la recesión y pérdida del poder adquisitivo. No obstante, en la primera semana de julio se volvió a acelerar al 1,8%, según LCG.

Fuente: Infobae