En un pedido formalizado, y dado a conocer públicamente, el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Jorge Henn, reclamó formalmente la suspensión inmediata de las disposiciones por las cuales se limita el acceso a los afiliados del Pami, jubilados y pensionados, a la cobertura del 100% de los medicamentos.
El defensor sostiene que esta medida debería suspenderse hasta tanto el propio Estado implemente un sistema automatizado que permita evaluar la situación socioeconómica de los beneficiarios, sin poner esa carga sobre los mismos afiliados.
“Este cambio intempestivo atenta directamente contra la salud y calidad de vida de nuestros adultos mayores, un sector particularmente vulnerable, que depende de la continuidad de estas políticas que facilitan el acceso a los tratamientos médicos”, afirmó Henn en la nota enviada a las autoridades del PAMI, tanto a nivel nacional como local.
Según el defensor, esta medida afecta de forma directa a una población que depende del sistema de salud de manera continua y no puede permitirse discontinuidades en sus tratamientos.
Henn también destacó que el Estado cuenta con la información socioeconómica necesaria para determinar la elegibilidad de los beneficiarios, a través de organismos como la ANSES, lo que haría innecesarias las reinscripciones manuales exigidas por las nuevas normativas. “Estas disposiciones no solo añaden barreras burocráticas innecesarias, sino que además resultan ineficientes y generan ansiedad e incertidumbre en una población que, por sus condiciones de salud y edad, necesita soluciones expeditas”, manifestó.
El defensor también remarcó que las restricciones impuestas por el PAMI vulneran un derecho humano fundamental: el acceso a la salud, que está consagrado tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de los que la Argentina es parte, entre ellos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. “Este derecho esencial no puede ser supeditado a mecanismos administrativos que dificultan o limitan su ejercicio”, señaló Henn en su misiva.
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe consideró que la suspensión de la medida, hasta que el Estado implemente un sistema automatizado de cruces de datos, tendría un impacto fiscal mínimo, ya que “la magnitud del problema que estas medidas generan en la salud de los jubilados es desproporcionada en comparación con el supuesto ahorro que estas restricciones pudieran implicar”.
Por último, Jorge Henn ofreció la colaboración de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, como entidad de derechos humanos, en cualquier instancia que contribuya a revertir el estado de angustia que genera esta medida de gran impacto en la población jubilada. El defensor finalizó la carta destacando la importancia de garantizar una política pública justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de los adultos mayores.
