El directorio que estaba al frente de Vicentin al momento de su millonario por default de unos 1.600 millones de dólares, allá por diciembre de 2019, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados del Centro de Justicia Penal el próximo 21 de diciembre. Esa es la fecha para la audiencia en la que el fiscal a cargo de la unidad de Delito Económicos Complejos, Miguel Moreno, ampliará la imputación a los ejecutivos al acusarlos también de integrar una asociación ilícita. Los directivos ya están imputados por estafa, defraudación, presentación de balances falsos.
Los imputados por la asociación ilícita serán Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristián Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallazza. Pero, según averiguó Rosario3, por estas horas los fiscales analizan también sumar al grupo de imputados a personas que estaban fuera del directorio. Habrá que ver ahora si con la nueva imputación Moreno pide medidas cautelares sobre los involucrados, como la prisión preventiva que propuso en la primera tanda de imputaciones en octubre del año año pasado y que terminó con el depósito de una millonaria caución por parte de la empresa para evitar que cuatro de sus ex ejecutivos terminen tras las rejas.
La complicación del frente penal del directorio de Vicentin ocurrirá luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le recomendara al juez de la convocatoria de acreedores, Fabián Lorenzini, que no se desentienda de lo que ocurre en el fuero penal al tomar decisiones sobre el futuro de la firma, como lo vino haciendo (con aval de la Sindicatura).
En efecto, al rechazar el pedido de avocamiento y devolverle el expediente del concurso al magistrado de primera instancia, el máximo tribunal le hizo observaciones sobre cómo debe llevar el proceso. Y el tema fundamental es que a raíz de las investigaciones de los fiscales sobre la posible concreción de delitos rigen medidas cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa, y esa es la fuente de financiamiento de su oferta de pago concursal
“Debe tener extrema prudencia para ponderar la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad”, dijo el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, quien citando normativa internacional, concluyó en la resolución que Lorenzini carece de facultades para decidir el destino de las medidas cautelares dictadas en sede penal.
Sobre ese punto se basan los acreedores que rechazaron la oferta de pago -nucleados en el “Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin”, que agrupa a unas 75 firmas- para sostener que no podrá ser homologada por el juez abriendo así la puerta a una reformulación o al proceso de cram down (salvataje por terceros). Y la nueva imputación por asociación ilícita reforzará el frente penal que sustenta la vigencia de las cautelares definidas en sede penal y que corren en forma paralela al concurso, medidas que el juez civil y comercial carece de facultades para levantarlas.
A todo esto: ¿Qué decisión tomará el juez? Puede rechazar las recomendaciones de la Corte en la resolución sobre el avocamiento (también se le pidió que el Banco Nación, quien rechazó la oferta de pago, esté incluído en el acuerdo) y homologar el acuerdo que Vicentin alcanzó o ir al cram down (porque todo los plazos de exclusividad de Vicentin en la presentación de ofertas de pagos están vencidos). Pero también puede buscar un vericueto que le permita abrir una ventana de tiempo para que la agroexportadora pueda mejorar la propuesta con los acreedores que se opusieron a su oferta de pago.
Si bien trascendió que Vicentin analizará pedirle al juez una salida en línea con la última expuesta en el párrafo anterior, fuentes allegadas a la actual conducción de la empresa aseguraron que están a la espera de la resolución de Lorenzini convencidos de que el magistrado homologará el entendimiento alcanzado al haber logrado la mayorías (en cápitas y capital) que exige la ley de concursos y quiebras.
“La toma de decisiones acertadas, en tiempo y forma, es la mejor manera de brindar seguridad y transparencia a todos los involucradas y, a través de ello, incrementar la confianza en el Poder Judicial de Santa Fe”, recomendó el ex presidente de la Corte, Rafael Gutierrez, instando a Lorenzini a tomar decisiones en forma inmediata.
No obstante, todo indica que la situación podría quedar en stand by hasta principios de febrero ya que en algo más de 15 días los tribunales entren en feria. Y en los pasillos de tribunales se especula, en efecto, que Lorenzini tomará una decisión recién tras el receso de la actividad judicial.
Como sea, la apertura de un nuevo plazo para negociar y mejorar la propuesta es la que permitirá una resolución más rápida del largo conflicto. Es que si Lorenzini homologa el acuerdo alcanzado, los acreedores que lo rechazan apelarán y el tema recorrerá todas las instancias hasta llegar a la definición final de la Corte (que en parte ya mostró su desacuerdo con puntos clave de la oferta), lo que insumirá con seguridad como mínimo todo el 2023. Y la apertura del cram down (que habilita a la presentación de ofertas de terceros que compitan con la presentada por Vicentin por la aprobación de los acreedores) también implica un largo período de tiempo, entre plazos de presentación y aprobación de propuestas.
Fuente: Rosario3
