El titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, solicitó esta semana que vaya a juicio oral el ex comisario Lucas N., acusado junto a otras siete personas -entre ellos dos policías provinciales- de conformar una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes.
El ex jefe tenía a cargo el Grupo de trabajo de Las Colonias, perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Matías C. y María M. se desempeñaban como suboficial y oficial, respectivamente, del mismo grupo de trabajo y también fueron considerados integrantes de la asociación. Además, la Unidad Fiscal identificó a Daniel S. como quien proveía de droga a los policías mientras que Andrés B., Andrea C., Rocío C. y Sol M. se dedicaban a la venta de los estupefacientes.
En el requerimiento, el fiscal acusó además a los oficiales corondino y paivense por llevar adelante maniobras de malversación de caudales públicos, omisión de los deberes de funcionario y encubrimiento. En ese tramo de la investigación, está involucrado el por entonces subcomisario Rubén M., a cargo de la departamental de San Jerónimo, en Coronda. Por otra parte, María M. está acusada también de haber confeccionado un documento público falso.
El pedido de elevación a juicio de la causa es parcial debido a que la investigación continúa con el objetivo de determinar otras responsabilidades en el caso, tanto de miembros superiores de la cúpula policial como de otros presuntos narcotraficantes, entre los que se encuentran dos individuos actualmente con pedido de captura.
El funcionamiento de la asociación ilícita
De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal, Lucas N., Matías C. y María M. -mientras se desempeñaban como comisario jefe, suboficial y oficial respectivamente- conformaron una asociación ilícita que tenía como objetivo el tráfico de estupefacientes con finalidad de lucro en las localidades que conforman el departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe; fundamentalmente en su cabecera, ubicada en la ciudad de Esperanza, aunque también se constató en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.
El fiscal señaló que, como "contraprestación" de las sumas de dinero que recibían, "los agentes policiales evitaron cualquier investigación propia y medida intrusiva" en los búnkeres y que informaron a la organización narcocriminal "en torno a investigaciones de otras fuerzas y a las denuncias que surgían".
Los otros 4 eran quienes, según la acusación, se dedicaban puntualmente a la venta de droga. El fiscal resaltó que Segovia, condenado por ese delito y por la tenencia ilegal de arma de fuego, era quien proveía del material a los efectivos para que estos lo distribuyeran y realizaran las maniobras. La asociación habría operado por lo menos desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023, de acuerdo a la información que se pudo obtener del teléfono de Matías C.
“Los tres miembros del Grupo de Trabajo Las Colonias de la AIC provincial nombrados, de manera planificada y coordinada, se han provisto de importantes cantidades de estupefacientes, siendo el narco uno de sus principales proveedores, a quien le han abonado en efectivo grandes sumas de dinero, los que luego transportaron y distribuyeron entre distintos ‘búnkeres’ o ‘kioscos de drogas’ ubicados en distintas localidades del departamento Las Colonias (fundamentalmente en Esperanza), cuyos encargados luego comercializaron al menudeo”, indicó el fiscal Onel.
Marcó que los encargados de esos lugares no solo les abonaron a los policías mencionados “el precio del material provisto”, sino que también les pagaron una “cuota” que funcionaba como una especie de “habilitación” para ejercer esa actividad y de “garantía/protección” en su accionar ilegal.
“Como contraprestación, los agentes policiales evitaron cualquier investigación propia y medida intrusiva en esos lugares y les han informado en torno a investigaciones de otras fuerzas y a las denuncias que surgían”, explicó el representante del MPF y destacó que ello se evidenció incluso en los resultados negativos de investigaciones abiertas en la Unidad Fiscal al respecto de puntos de venta de estupefacientes.
“Amigo metele con el kiosco no ay drama (sic) lo único que tengo que saber es el lugar donde va a estar puesto y quien lo maneja ... Así los cabezones lo anotan para laburar tranquilo ... Y fíjate si lo puede ir cerrando esta noche mejor”, manifestó en uno de los chats de la causa Matías C., en referencia a cómo se armaban y articulaban los lugares donde se iba a vender el material.
“Se evidencia también de las conversaciones que, aquellos kioscos que no acordaban, aquellos que no abonaban esa ‘cuota’ en tiempo y forma, aquellos que se ‘excedían’ de los términos acordados previamente con los policías aquí detallados y aquellos que incumplían sus ‘órdenes/mandas/modus operandi’, eran los que resultaban seleccionados para ser denunciados penalmente por parte del Grupo de Trabajo Las Colonias y/o para impulsar investigaciones que transcurrieron con ‘resultado positivo’ en cuanto a infracciones a la ley de droga”, explicó el fiscal
El objetivo de esos allanamientos era “sacarlos de circulación en el negocio”. Por su parte, indicó que la recaudación de la “asociación” se distribuía entre los 3 miembros de la dependencia, quienes mencionaban en las conversaciones que constan en la causa que parte del provecho económico obtenido “estaba destinado a escalas superiores de la cadena de mando policial”.
Para la Unidad Fiscal, los hechos imputados revisten gravedad institucional debido a que los policías imputados se asociaron con narcotraficantes dentro del territorio que debían preservar del delito. “Comprometen las responsabilidades asumidas por el Estado Argentino en materia de lucha contra el narcotráfico y contribuyen de manera directa a un aumento de la violencia social que impacta en toda la comunidad, pero muy especialmente en personas jóvenes pertenecientes a los sectores sociales más vulnerables. Así las cosas, todas las irregularidades evidenciadas a lo largo de la pesquisa deben ser evaluadas en el contexto de la causa, y no hacen más que poner al descubierto las gravísimas irregularidades en la gestión de contralor policial, en el período señalado”, mencionó.
“Aquellos kioscos que no acordaban, aquellos que no abonaban esa ‘cuota’ en tiempo y forma, aquellos que se ‘excedían’ de los términos acordados previamente con los policías aquí detallados y aquellos que incumplían sus ‘órdenes/mandas/modus operandi’, eran los que resultaban seleccionados para ser denunciados penalmente", indicó el fiscal.
Conversaciones, vídeos y elementos claves de la investigación
En el requerimiento, el fiscal Onel detalló la extensa pesquisa que se llevó adelante para establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados, tanto los agentes policiales como de los civiles que se encuentran acusados de vender estupefacientes. En ese sentido, se apoyó en declaraciones testimoniales, videos, conversaciones y chats, entre otros elementos.
De esta forma, se pudo establecer que los tres oficiales infieles se encargaban del “trabajo sucio”, ya que realizaban las comunicaciones con quienes implementaban las acciones de narcomenudeo en Las Colonias. La mayoría de los contactos eran vía telefónica, aunque también se acercaban a los domicilios de los imputados. “Ese ‘trabajo sucio’ implicaba por un lado el aprovisionamiento a aquellos puntos de venta de material estupefaciente, previo acuerdo respecto del precio de venta; y por otro, el cobro del producido de la comercialización al menudeo, que se distribuían entre sí”, explicó.
En uno de los audios que se extrajeron, se pudo escuchar a Matías C. mencionando concretamente el pago de “cuotas” o “quincenas”. En las conversaciones que se relevaron hay diálogos entre él y varios de los imputados civiles donde estos últimos oficiaban de “dateros” y brindaban información respecto a los puntos de venta de estupefacientes en Esperanza. En base a ello, la Unidad Fiscal pudo establecer que incluso los policías mantenían actualizada una “lista” donde distinguían aquellos puntos que no se ajustaban a su modus operandi.
La investigación también logró reconstruir cómo los policías alertaban a los otros miembros sobre posibles procedimientos. “Amigo estamos con esto tene cuidado ... Avísale a la mina que no salga hacer Delivery nada que los gendarmes andan de civil ... Ya te voy a pasar la patente”, escribió Matías C. en una de las conversaciones recuperadas.
En el requerimiento se destacó que el direccionamiento del accionar implementado fundamentalmente en Esperanza se encontraba a cargo de Lucas N., quien aparece mencionado en las conversaciones como “el uno” o “el jefe”. En uno de esos chats, una de las detenidas preguntó por el valor de la “cuota”. “Eso háblalo con el jefe que es el que maneja los números”, le respondió Matías C.
Además, la Unidad Fiscal hizo foco en una serie de conversaciones rescatadas que dan cuenta del rol de “proveedor” que ejercía el condenado Segovia mientras que el resto de los integrantes de la banda eran considerados “mano ejecutora”. Indicó que los cuatro civiles se dedicaban a comercializar el material al menudeo en sus domicilios o “kioscos” y eran los que abonaban el dinero correspondiente tanto al pago del aprovisionamiento de la droga como a la “cuota”.
El fiscal destacó que en las conversaciones de los policías acusados que constan en la causa se indica que parte del provecho económico obtenido “estaba destinado a escalas superiores de la cadena de mando policial”.
Para el fiscal Onel, los imputados “tenían un funcionamiento acordado, con división de tareas y perdurable en el tiempo cuanto menos en el período indicado-; el cual se plasmó en su zona de actuación (departamento Las Colonias) y valiéndose al efecto de los kioscos locales (partícipes necesarios)”. Por ese motivo, consideró que sus conductas se encuadraban bajo la figura de asociación ilícita, prevista en el artículo 210 del Código Penal.
“En este caso, además del número de intervinientes antedicho (el cual excede ampliamente del exigido por ley), se vislumbra un claro acuerdo entre sus miembros principales (los agentes policiales), quienes en forma deliberada y en virtud del rol funcional que ejercían, estructuraron una organización narcocriminal destinada a manejar el ‘negocio de la droga’ en las pequeñas localidades constituyentes del departamento Las Colonias”, explicitó.
“Se ha logrado establecer una radiografía global de la empresa criminal integrada por los aquí imputados. Concretamente, de cómo los agentes policiales organizaron y lideraron una asociación delictiva de carácter estable, con soporte estructural y división de roles, que tuvo por objetivo la comisión de distintos hechos ilícitos (tal los referenciados al momento de requerir sus indagatorias -y ampliaciones- y posteriores procesamientos), fundamentalmente el comercio de estupefacientes, ello en la zona en donde paradójicamente prestaban funciones policiales, siendo su fin último el aprovechamiento económico de ese complejo maniobrar”, afirmó.
Malversación, encubrimiento y falsificación
Por otra parte, el fiscal consideró que Matías C. le dio a un vehículo oficial no identificable un uso diferente para el que estaba destinado. Eso sucedió entre el viernes 24 de febrero y el martes 28 de febrero de 2023, cuando el suboficial retiró el vehículo de Las Colonias sin que estuviera asignado en esos días a tareas específicas de esa dependencia policial.
Indicó al respecto que Lucas N., en su rol de jefe, no hizo control alguno. Ambos policías junto con Rubén M. están acusados de haber ayudado durante esos días al narco, por entonces prófugo y señalado como autor del tráfico de estupefacientes. En la causa, constan una serie de videos y fotografías donde se ve al hombre descender del vehículo en cuestión.
“Los tres policías, en su carácter de funcionarios públicos, tomaron parte, como coautores, en la ayuda brindada a Daniel S. (narcotraficante local) a mantenerse al margen de la ley, en relación con un delito especialmente grave y con ánimo de lucro, al haber mantenido con el narco contactos personales inadmisibles en un marco de legalidad, de manera directa o indirecta, por sí o por interpósita persona”, explicó el fiscal.
Por último, acusó a la oficial María M. por “haber confeccionado en un todo un documento público falso con idoneidad para producir perjuicio”. Se refirió concretamente al “Libro de Novedades” de febrero de 2022 de la sede policial, que fue secuestrado en el marco de un allanamiento en julio de 2023. Según explicó, la confección se dio luego de esa fecha y antes del procedimiento realizado en la dependencia.
