El Frente de Todos avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de plan de pago para deudas previsionales que permitirá jubilarse a las personas que no cuentan con los 30 años de aportes. El objetivo del oficialismo es incluir el proyecto en la sesión prevista para mañana o debatirlo el 15 de diciembre, la última del período ordinario.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.
Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.
Desde ANSES estiman que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.
Por su parte, la oposición advierte que la medida tendrá un fuerte impacto fiscal y que podría poner en riesgo la viabilidad del sistema a largo plazo. Según explicaron los senadores camporistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde -en base a información de ANSES-, el proyecto tendrá un costo de 0,3% del PBI.
Esta cifra es cuestionada por la oposición. Al presentar el proyecto en el Senado, el oficialismo nunca consultó al por entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se oponía a la iniciativa dado que su prioridad era alcanzar una reducción del déficit fiscal, tal como había acordado con el FMI. De hecho, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso determinó que la estimación del “costo fiscal arroja un 0,36% del PBI para el primer año y de 0,48% del PBI acumulado al segundo año”. La OPC es un centro de estudios que depende de la Cámara alta y que suele medir cuál es el impacto presupuestario de distintas medidas que se discuten en el parlamento.
“Estamos liquidando el sistema previsional argentino. Están generando una compra de años que permite a cualquier persona ingresar sin haber trabajado a costa de lo que los actuales jubilados tienen hoy en ANSES”, dijo la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado.
Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen de mayoría y presentaron un proyecto propio que establece una “prestación proporcional” a la cantidad de años aportados. Según detallaron se utilizará una fórmula que sumará el 70% de la Prestación Básica Universal (PBU) y los años de aporte efectivos multiplicados (1.5) por el promedio del sueldo en actividad. También incluirá una cláusula para que los beneficiarios puedan optar por la PUAM si el cálculo de la prestación proporcional resulta menor.
“Nuestra propuesta es poder darle a esto una solución definitiva, instituir un sistema para que quienes no tienen los aportes completos tengan una prestación. La única forma de que haya equidad entre los que aportaron todo, los que aportaron algo y los que no aportaron nada es establecer una prestación proporcional”, explicó el diputado de Evolución, Alejandro Cacace.
El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, presidente del Interbloque Federal, firmó el dictamen del oficialismo con disidencias y aclaró que el acompañamiento de su espacio para la votación en el recinto está condicionada a que el oficialismo explique de dónde saldrán los fondos para financiar el plan de pagos.
“Hoy no están los fondos para hacer frente al impacto fiscal de la moratoria. Por lo tanto, el gobierno y el oficialismo en el Congreso deberán informar qué finalidades, funciones y partidas presupuestarias van a eliminar o reestructurar para hacer frente a ese eventual nuevo compromiso de recursos que implicará la moratoria previsional”, detalló.
Fuente: Infobae
