En una entrevista brindada a VEO Noticias, el abogado Carlos Iparraguirre analizó el inusual escenario que atraviesa el fútbol argentino tras la decisión de la AFA de paralizar las actividades. El especialista recordó que, si bien han existido paros de jugadores o árbitros en el pasado (como los de 2001 o la década del 80), es atípico que sea la propia Asociación la que llame a una medida de fuerza, lo que evidencia la profundidad del conflicto político y judicial con el Gobierno Nacional.
Iparraguirre no dudó en calificar la situación actual como una “persecución” hacia la dirigencia que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia. “Hay intereses de grandes multimedios nacionales que, vinculados a la embestida de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), intentan instalar que el principal problema del país es la AFA”, señaló el letrado, cuestionando el enfoque mediático sobre la investigación judicial por supuestas deudas fiscales.
El Decreto 121 y la disputa fiscal
El especialista explicó que existe un sistema de retención que ordena la relación fiscal entre los clubes, la AFA y el Estado, basado en el Decreto 121 (anteriormente 1212). Según Iparraguirre:
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La AFA actúa como agente de retención de aproximadamente un 9% del total de ingresos por televisación, transferencias de futbolistas y partidos de la selección.
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Dichos fondos se destinan a cubrir las deudas previsionales y fiscales de las instituciones ante la ARCA (ex AFIP).
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El abogado advirtió que el Gobierno Nacional intentó dar de baja este sistema y que el mismo sigue vigente gracias a un amparo judicial logrado por la AFA.
Respecto a las indagatorias judiciales por supuesta evasión, el abogado hizo un paralelismo con el caso del expresidente de Colón, Germán Lerche, quien fue condenado por retención indebida de aportes. No obstante, remarcó que, en el caso de la AFA, los dirigentes aseguran haber presentado documentación que acredita los pagos realizados.
Finalmente, Iparraguirre instó al Gobierno a buscar el diálogo a través de comisiones de trabajo en lugar de recurrir a “esquemas de persecución”. Para el especialista, la medida de fuerza es una respuesta evaluada por los presidentes de los clubes —incluyendo a los de la región— ante la falta de una mesa de acuerdo para nivelar los porcentajes y las deudas que el Estado reclama.
