El Gobierno nacional apelará el fallo del juez federal Martín Cormick, quien ordenó implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para postergar su aplicación.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en la disputa entre la administración de Javier Milei y las universidades públicas por los recursos destinados al sistema educativo superior. En paralelo a la apelación, funcionarios nacionales analizan distintas estrategias legales vinculadas con el impacto presupuestario que tendría el cumplimiento de la normativa.
La estrategia oficial está bajo la órbita de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, desde donde se trabaja en los argumentos para cuestionar la resolución. En el Gobierno sostienen que todavía existen herramientas jurídicas para discutir el alcance del fallo y evitar que la medida implique una ejecución inmediata de los gastos.
El origen del conflicto
La controversia se centra en el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero supeditó su aplicación a que el Congreso estableciera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas necesarias en el Presupuesto nacional.
El juez Cormick consideró que esa condición era inconstitucional porque, en los hechos, impedía poner en práctica una ley aprobada por el Congreso y ratificada luego de que el Poder Legislativo rechazara el veto presidencial.
En su resolución, el magistrado sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía utilizar el decreto de promulgación para suspender la aplicación de una norma sancionada por el Congreso. Por ese motivo, ordenó adoptar las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para cumplirla.
Qué plantea el Gobierno
La principal objeción del Ejecutivo está relacionada con la disponibilidad de recursos para afrontar las obligaciones que establece la ley. La postura oficial sostiene que corresponde al Congreso determinar de dónde saldrán los fondos necesarios para cubrir los gastos que no estaban contemplados en el Presupuesto.
Sin embargo, el magistrado consideró que la propia normativa establece mecanismos para financiar su implementación, entre ellos la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias y utilizar recursos provenientes de una recaudación superior a la prevista.
El fallo abre así una nueva instancia judicial en un conflicto que enfrenta al Gobierno con las autoridades universitarias y que podría continuar en los tribunales mientras se define el alcance de las obligaciones presupuestarias.
