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El Gobierno chileno advirtió que vetará el proyecto de amnistía a presos del estallido social

El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavéz advirtió que el Ejecutivo "va a recurrir a todas las instancias legales para vetarlo".

27 de enero de 2022


El Gobierno chileno advirtió que va a recurrir a todas las instancias legales para detener el proyecto de amnistía a los presos del luctuoso estallido social ocurrido en 2019 a causa del descontento de gran parte de la población por el modelo socioeconómico del presidente derechista Sebastían Piñera.

Así lo aseguró el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Máximo Pavéz, quien en entrevista con la emisora local Radio Concierto advirtió que el Ejecutivo "va a recurrir a todas las instancias legales" para vetarlo.

El proyecto busca amnistiar a los presos de las masivas protestas que hayan cometido delitos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, y fue despachado el martes en la comisión de Constitución del Senado, reportó BioBio.

Ahora se deberá definir en qué fecha se votará en la Sala de la Cámara Alta: si se puede convocar a una sesión especial durante este mes o si se deja para comienzos de marzo.

"Esto no va a prosperar en la administración del presidente Piñera", sentenció Pavéz, quien sostuvo que la iniciativa responde a "un proyecto político, no legislativo".

"Este es un problema político que tiene una sola pregunta, si es que Chile, a través de sus representantes en el Congreso Nacional, va a permitir -digámoslo en términos no jurídicos- perdonar a aquellas personas que cometieron delitos", expuso.

En ese sentido, planteó que la medida "atenta contra el sentido común, porque lo que hace en definitiva es validar la violencia como método de acción política".

"¿Cómo se empatiza con las personas que fueron víctimas de violencia. Cuando el presidente electo le está diciendo al Congreso que apruebe un proyecto para quienes cometieron delitos?", cerró.

Las protestas antigubernamentales dejaron 34 muertos y más de 3.400 heridos, en medio de un repudio generalizado al abusivo accionar policial contra los manifestantes, tanto nacional como internacional, y en especial de organismos de derechos humanos.

De hecho, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) denunció en reiteradas ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad que reprimió las protestas.