El Gobierno nacional consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y buscará llevarlo al recinto el próximo miércoles. El oficialismo reunió el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia, después de dos semanas de negociaciones en las que aceptó algunos de los planteos de los bloques aliados.
Entre los principales cambios incorporados se encuentra la garantía de financiamiento para el nuevo régimen de discapacidad, que ya obtuvo media sanción en Diputados y todavía debe ser tratado por el Senado. En cambio, el Gobierno no aceptó incrementar las partidas destinadas a las universidades nacionales, uno de los principales reclamos de los rectores y de distintos sectores de la oposición.
El proyecto establece como principales proyecciones económicas un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027. El superávit fiscal continúa como uno de los ejes centrales de la planificación económica.
En cuanto a la distribución del gasto, la mayor partida corresponde a servicios sociales, con $150,9 billones. Le siguen el pago de la deuda pública, con $18,6 billones; los servicios económicos, con $13,1 billones; la Administración Gubernamental, con $9,9 billones; y defensa y seguridad, con $9,5 billones.
Discapacidad y coparticipación, entre las concesiones a los aliados
Uno de los puntos que permitió acercar posiciones fue la eliminación de los artículos que contemplaban cambios sobre las pensiones por discapacidad y una reducción de los recursos destinados al sector. En su lugar, se incorporó un artículo que establece que el financiamiento de esos programas estará a cargo de la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la modificación y sostuvo que la inclusión de ese financiamiento responde a un compromiso asumido por el oficialismo durante las negociaciones.
Por su parte, el PRO consiguió un compromiso político para avanzar en la regularización de las deudas que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación. Sin embargo, el entendimiento no quedó incorporado en ningún artículo del proyecto presupuestario.
Otro de los acuerdos alcanzados fue la prórroga del régimen de promoción de la industria autopartista, que contempla beneficios impositivos como la devolución acelerada del IVA, la amortización anticipada en el impuesto a las Ganancias y la eliminación de retenciones a las exportaciones del sector hasta 2032. La medida tiene impacto en provincias como Santa Fe y Córdoba, además de la localidad bonaerense de Zárate.
También se habilitaron operaciones de financiamiento de la Ciudad de Buenos Aires con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), tras las conversaciones entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En materia de concesiones viales, se incorporaron mecanismos de control y transparencia. La publicación de inversiones, plazos y tarifas deberá quedar bajo supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, que además recibirá informes trimestrales.
Universidades y reclamos provinciales quedaron sin respuesta
Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla poco más de $7 billones para el conjunto de las casas de altos estudios, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama al menos $11 billones para garantizar su funcionamiento.
Pese a los pedidos de distintos sectores, entre ellos la UCR, el oficialismo no modificó las partidas. Desde el radicalismo explicaron que acompañaron el dictamen porque consiguieron otras incorporaciones vinculadas con obras y recursos para las provincias que gobiernan. También destacaron que se garantizó el financiamiento de los programas de discapacidad.
Otro de los reclamos de los gobernadores estuvo relacionado con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Las provincias solicitaron una reducción del tributo ante los cuestionamientos por la utilización de los fondos recaudados, que tienen entre sus destinos específicos el mantenimiento de las rutas nacionales.
Sin embargo, el Gobierno rechazó una rebaja generalizada y propuso avanzar mediante acuerdos bilaterales con cada distrito. Esa alternativa fue aceptada por el PRO.
Las diferencias también quedaron reflejadas en los dictámenes alternativos. Provincias Unidas, espacio que reúne a representantes de Santa Fe y Córdoba, entre otros distritos, presentó un despacho propio en rechazo a las partidas universitarias y por la falta de respuestas sobre las cajas previsionales provinciales y la actualización de la ley de biocombustibles.
Desde Argentina Federal, en tanto, cuestionaron la ausencia de mayores recursos para la Ley de Bosques, el mantenimiento de los puentes internacionales, el financiamiento de Ciencia y Tecnología y las obras de infraestructura en las provincias del norte.
Unión por la Patria presentó un dictamen propio
El bloque de Unión por la Patria también presentó un despacho alternativo, con una propuesta de mayores partidas para salud, educación, discapacidad y obras de infraestructura.
Su presidente, Germán Martínez, cuestionó los lineamientos económicos del proyecto y planteó objeciones sobre su impacto en la actividad productiva y comercial.
Con los dictámenes ya presentados, la discusión se trasladará al recinto de Diputados la próxima semana. El oficialismo buscará convertir en ley el Presupuesto 2027, en una sesión que pondrá a prueba los acuerdos alcanzados con sus aliados y las diferencias que persisten con los bloques opositores.