La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un sabor amargo en el oficialismo. Aunque La Libertad Avanza logró por primera vez aprobar en general un proyecto presupuestario propio, en el Gobierno nacional sostienen que el texto que avanzó hacia el Senado “ya no sirve” porque vulnera el principio de déficit cero que el presidente Javier Milei considera innegociable.
El foco del malestar está puesto en el rechazo al Capítulo XI del proyecto, que contenía la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Desde el Ejecutivo entienden que la permanencia de esas normas implica obligaciones de gasto que hacen inviable sostener el superávit primario previsto para 2026. “Están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit”, deslizó una fuente de la Casa Rosada tras la votación.
Para el Gobierno, la discusión excede lo técnico y se instala en el plano político y económico: déficit versus superávit, y continuidad del esquema fiscal del pasado frente al modelo de ajuste y responsabilidad fiscal que impulsa la administración libertaria. En ese marco, sostienen que las dos leyes que no lograron ser derogadas consolidan un Presupuesto que no responde al mandato electoral con el que Milei llegó al poder.
El resultado de la votación abrió un nuevo dilema estratégico en el oficialismo. Entre las alternativas que se analizan aparece la posibilidad de demorar el envío del proyecto al Senado, intentar modificar su redacción para reincorporar el capítulo rechazado o, directamente, avanzar con un veto presidencial si el Presupuesto se sanciona tal como está. En el Ejecutivo admiten que los bloques opositores tienen incentivos para que la iniciativa avance sin cambios.
En paralelo, en la Casa Rosada comenzaron a apuntar responsabilidades políticas. El malestar se concentra en al menos cinco gobernadores, y especialmente en dos que hasta último momento eran considerados aliados. Entre los mandatarios mencionados aparecen Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), a quienes el Gobierno recuerda que les giró fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Pero la mayor sorpresa se dio con Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco), cuyos legisladores no acompañaron el capítulo clave pese a los acuerdos previos.
También generó ruido interno la abstención del diputado entrerriano Darío Schneider, quien ingresó a la Cámara baja por la boleta de La Libertad Avanza en el marco del entendimiento con el gobernador Rogelio Frigerio.
En términos numéricos, el Presupuesto 2026 fue aprobado en general con 132 votos, marcando un hito para el oficialismo, que hoy cuenta con 95 bancas propias. Sin embargo, el rechazo del capítulo central expuso los límites del armado parlamentario libertario y dejó en evidencia que el control del gasto seguirá siendo un campo de disputa clave en el Congreso.
Mientras tanto, en el Gobierno no descartan continuar administrando con discrecionalidad los fondos, como ocurrió en los últimos dos años con la prórroga del Presupuesto 2023. Un escenario que, puertas adentro, consideran preferible antes que resignar el ancla fiscal que Milei convirtió en la columna vertebral de su gestión.
