El gobierno de Santa Fe presentó un plan orientado a reducir el impacto del endeudamiento en los ingresos de trabajadores públicos, privados, autónomos y jubilados. La propuesta combina medidas de refinanciación de deudas, nuevas líneas de crédito y cambios en el sistema de descuentos salariales.
Uno de los ejes centrales es la fijación de un tope del 25% sobre los ingresos para las deducciones vinculadas a créditos en el caso de empleados estatales, lo que implica una reducción respecto del límite actual, que llega al 50%. Además, se prevé un reordenamiento del sistema de códigos de descuento mediante un proceso de reempadronamiento de las entidades que operan bajo esta modalidad.
El plan también contempla la adecuación de las deudas vigentes a este nuevo límite. Para ello, se promoverá la refinanciación con los acreedores originales o la transferencia de saldos a otras entidades con condiciones diferentes. En los casos en que no se alcance un acuerdo, se prevé la posibilidad de intervención estatal para facilitar el proceso.
En paralelo, se habilitarán líneas de crédito destinadas a la consolidación de deudas, con plazos de hasta cinco años y un período de gracia inicial. Estas herramientas estarán disponibles tanto para trabajadores del sector público como privado, con el objetivo de unificar compromisos financieros y reducir la carga mensual.
Según datos oficiales, un 33% de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus haberes, y alrededor de 12.000 superan el 25% de afectación salarial. A este grupo se suman unos 7.000 jubilados. En el sector privado y entre trabajadores autónomos, se estima que cerca de 60.000 personas atraviesan situaciones de endeudamiento similar.
Para este último grupo, el plan incluye instrumentos específicos, como líneas del Banco de Santa Fe con tasas por debajo del promedio del mercado, acuerdos con cámaras empresariales y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta de financiamiento. También se prevén acciones a través del Banco Solidario, destinadas a personas con ingresos irregulares.
El acceso a los beneficios será diferenciado según el sector. En el caso de empleados públicos y jubilados, el trámite podrá iniciarse de manera digital a través del portal provincial. Para trabajadores privados y autónomos, la gestión se realizará mediante las entidades financieras participantes, con seguimiento oficial.
