En una reunión de trabajo celebrada este viernes en la Sede de Gobierno de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se reunieron con las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para evaluar el impacto de las políticas de seguridad implementadas en la provincia.
Del encuentro participaron la fiscal General, María Cecilia Vranicich; el fiscal Regional, Matías Merlo; y el jefe de la Unidad de Microtráfico, Franco Carbone, entre otros funcionarios judiciales. El eje central de la reunión fue el análisis de los operativos conjuntos contra el comercio de estupefacientes a pequeña escala y su correlación con la baja de la criminalidad extrema.
Descenso en las cifras de homicidios
Durante el balance, se compararon los datos actuales con los registros de años anteriores. Según las cifras oficiales presentadas por el Ejecutivo: a mediados de marzo de 2023, la provincia registraba 112 homicidios. mientras que la misma fecha en 2026, la cifra descendió a 22 casos.
Pullaro vinculó esta reducción directamente a la persecución del tráfico de estupefacientes y la intervención en los barrios más conflictivos, aunque mantuvo una postura de cautela respecto al futuro. “No hay nada ganado, es una pelea de todos los días”, señaló el mandatario, subrayando la complejidad de las decisiones tomadas en materia de seguridad pública.
Trabajo articulado con la Unidad de Microtráfico
La reunión también sirvió para ratificar la operatividad de la Unidad de Microtráfico, una pieza clave en la estrategia para desarticular puntos de venta de droga que suelen ser focos de violencia territorial. Los fiscales presentes detallaron los resultados de las investigaciones en curso y la coordinación estratégica para la persecución penal por objetivos prioritarios.
Además de los fiscales mencionados, la mesa de trabajo contó con la presencia de Carla Cerliani, encargada de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica, reforzando la intención de mantener una línea de trabajo unificada entre el Poder Ejecutivo y el MPA para sostener la tendencia a la baja en los índices de violencia urbana.
