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El Gobierno designó a Manuel Adorni al frente del Directorio de YPF en reemplazo de Guillermo Francos

El funcionario renunció a los honorarios de la firma, que se estiman en montos millonarios, y mantendrá únicamente su sueldo de ministro.

30 de enero de 2026


En el marco de una reestructuración de la cúpula de YPF, el Gobierno Nacional oficializó este viernes la designación de Manuel Adorni como Director Titular Clase A. Con este nombramiento, el jefe de Gabinete asume la tenencia de la denominada “Acción de Oro”, un instrumento legal que otorga al Estado el poder de veto sobre decisiones estratégicas de la petrolera de bandera.

La designación se concretó tras una reunión de Directorio en las oficinas de Puerto Madero, donde se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo. En el mismo acto, se confirmó el ingreso de Martín Maquieyra (PRO) como director Clase D, consolidando el acuerdo político entre La Libertad Avanza y el macrismo en la gestión de la empresa liderada por Horacio Marín.

Renuncia a los honorarios y cifras en juego

Al igual que sus antecesores en la jefatura de Gabinete, Adorni anunció que no percibirá el sueldo correspondiente por su cargo en el Directorio de YPF. Se trata de una decisión de alto impacto simbólico, dado que:

  • Honorarios de YPF: Según proyecciones basadas en la última Asamblea de Accionistas, los salarios de los directores de la firma pueden oscilar los $70.000.000 mensuales.
  • Haber público: El funcionario percibirá únicamente su salario bruto como integrante del Gabinete, que asciende a $5.900.000.

Reconfiguración del Directorio

Por su parte, Guillermo Francos no abandonará la compañía, sino que pasará a ocupar una silla como director Clase D (representante del sector privado y accionistas minoritarios). Tras su salida de la coordinación de ministros, Francos señaló que comenzará a cobrar honorarios de la firma, aunque descalificó las cifras millonarias que circulan en la opinión pública calificándolas de “absolutamente ridículas”.

Con estos cambios, que ya fueron comunicados a la Bolsa de Nueva York, el Estado reafirma su injerencia en el 51% de las acciones de la compañía, manteniendo a sus cuadros de mayor confianza en los puestos de decisión clave para el sector energético.