El Gobierno argentino anunció este miércoles un endurecimiento de su política migratoria, con el objetivo de restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y exigir la contratación de un seguro de salud para quienes deseen ingresar al país.
Según informó la Casa Rosada, estas medidas buscan garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los contribuyentes argentinos. La iniciativa se enmarca en una serie de reformas que el Ejecutivo impulsa desde diciembre pasado, orientadas a limitar el acceso de extranjeros a servicios públicos gratuitos como la salud y la educación universitaria.
Entre los cambios propuestos, se destaca la posibilidad de que las universidades nacionales cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, y que los hospitales públicos exijan el pago por la atención médica a quienes no tengan residencia permanente en el país. Estas medidas ya comenzaron a implementarse en provincias como Salta, donde se reportó una reducción significativa en los costos del sistema de salud.
Además, el Gobierno planea ampliar el listado de delitos que pueden impedir el ingreso o justificar la expulsión de inmigrantes, incluyendo figuras como terrorismo, narcotráfico y falsificación de documentos. También se prevé la implementación de controles más estrictos en las fronteras y la exigencia de declaraciones juradas de salud para quienes ingresen al país.
Sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el posible impacto en los principios de inclusión y acceso universal a servicios básicos. El oficialismo, por su parte, argumenta que las medidas son necesarias para proteger los recursos del Estado y garantizar la seguridad nacional.
El proyecto de ley será enviado al Congreso en las próximas semanas, aunque el Gobierno no descarta la posibilidad de implementar algunas de las reformas mediante decretos, en caso de no obtener el respaldo legislativo necesario.
