El Gobierno nacional enviará al Congreso el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que busca actualizar el régimen sancionatorio vigente desde 1921. El anuncio fue realizado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes destacaron que el texto endurece penas para homicidios, robos agravados, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, delitos de corrupción y siniestros viales derivados de conductas temerarias.
Bullrich sostuvo que el nuevo Código “termina con la puerta giratoria” y advirtió que los delitos de corrupción pública recibirán “penas graves y gravísimas”, al justificar que “si sos funcionario, tenés que cuidar la plata de la gente”. Desde el Ministerio de Justicia añadieron que el 82% de los delitos contemplados en el proyecto tendrán cumplimiento efectivo de pena, ya que se elevan los mínimos condenatorios para evitar excarcelaciones automáticas.
Uno de los puntos centrales es la imprescriptibilidad de delitos considerados de extrema gravedad: abuso sexual, grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, homicidio simple y agravado, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, narcotráfico y violaciones graves a los derechos humanos, entre otros. “Son crímenes cuyo castigo no puede quedar condicionado por el paso del tiempo”, remarcaron las autoridades.
El proyecto también modifica el alcance de la prisión perpetua, que dejará de tener límite temporal. En casos de homicidio agravado, la condena será “de por vida”, según adelantó Bullrich. Asimismo, se prevé la baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras penales para fenómenos delictivos contemporáneos.
Principales cambios y nuevas figuras
Violencia en el deporte y espectáculos masivos: La reforma crea delitos específicos para sancionar peleas, disturbios o agresiones en estadios y eventos multitudinarios, así como a quienes organicen o encubran estos hechos.
Narcotráfico: Se endurecen penas desde el cultivo y producción hasta la comercialización y el tráfico internacional. Las condenas aumentarán cuando intervengan funcionarios o haya participación de menores de edad.
Decomiso y extinción de dominio: Se introducen procedimientos más estrictos para asegurar que los condenados pierdan bienes obtenidos ilegalmente, evitando su ocultamiento o transferencia.
Protección de bienes culturales: Se penaliza con mayor contundencia el tráfico, destrucción u ocultamiento de bienes arqueológicos, históricos y artísticos.
Delitos contra la familia: Se actualizan figuras vinculadas a violencia intrafamiliar, abandono, incumplimiento de deberes de asistencia y protección a personas vulnerables.
Siniestros viales: La conducción imprudente, bajo efectos de alcohol o drogas, las carreras ilegales y los accidentes con víctimas fatales tendrán penas más severas y agravantes por negligencia grave o número de afectados.
Medio ambiente: La reforma incorpora el delito de ecocidio y endurece sanciones para daños ambientales masivos o afectación de áreas protegidas.
Delitos con víctimas vulnerables: Aumentan las penas cuando los crímenes se cometen contra menores, adultos mayores, personas con discapacidad o grupos en situación de vulnerabilidad.
Violencia de género: Se incorporan tipos específicos para violencia digital, difusión no consentida de material íntimo, ciberacoso y agravantes por motivos de género, identidad u orientación sexual.
Cibercrimen: Se sanciona el fraude informático, acceso indebido a sistemas, usurpación de identidad digital, grooming y “pornovenganza”.
Motochorros: El Código incorpora agravantes para delitos cometidos mediante el uso de motovehículos, por el riesgo extremo que representan.
Criminalidad ambiental: Se amplían las figuras vinculadas a contaminación agravada, daño ecológico irreversible y afectación de la salud pública.
Delitos de corrupción: Cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles tendrán penas más altas, bajo el principio de mayor responsabilidad para los funcionarios públicos.
Lavado de activos: El proyecto refuerza la coordinación con organismos internacionales y añade herramientas para recuperar bienes y bloquear operaciones financieras ilegales.
Terrorismo y financiamiento del terrorismo: Se actualizan definiciones siguiendo estándares internacionales e incorporan penas para ataques a infraestructuras críticas y redes digitales, así como mecanismos de congelamiento de activos.
Crimen organizado transnacional: Se incorporan figuras para perseguir estructuras delictivas internacionales vinculadas al tráfico de armas, trata, migración ilegal y corrupción sistémica.
Estabilidad fiscal y monetaria: La propuesta penaliza maniobras económicas de alto impacto como evasión organizada, contrabando agravado, intermediación financiera no autorizada y falsificación monetaria.
Orden electoral y desinformación
El proyecto agrega un capítulo completo destinado a proteger la transparencia electoral. Se prevén penas para manipulaciones algorítmicas, creación de contenidos falsos, uso de bots, alteración de datos digitales y acciones destinadas a coaccionar o distorsionar el voto.
Sin cambios en la Ley de IVE
La reforma ratifica la plena vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, manteniendo el acceso al derecho hasta la semana 14 de gestación.
