El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de riesgo.
La iniciativa, que fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apunta a corregir limitaciones de la legislación actual y establecer criterios más claros para la atención de pacientes, especialmente en casos de emergencia o potencial riesgo para terceros.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de conceptos clave. En ese sentido, se propone dejar atrás términos considerados ambiguos como “padecimiento mental” y reemplazarlos por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el fin de lograr mayor precisión diagnóstica.
Además, se plantea una nueva definición del criterio de riesgo, que quedará enfocado en situaciones que impliquen peligro para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, incorporando también el análisis del contexto y los antecedentes para permitir intervenciones más oportunas.
En relación a las internaciones, el proyecto mantiene su carácter excepcional, pero introduce cambios relevantes: en casos urgentes, un psiquiatra podrá disponer una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. También se amplía el tiempo para la notificación judicial.
Otro punto clave es el reconocimiento de las limitaciones actuales del sistema, especialmente en lo referido al cierre de hospitales psiquiátricos. El texto plantea que, ante la falta de infraestructura y recursos, resulta necesario sostener una red de atención diversificada, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
El proyecto también busca reducir las desigualdades entre provincias, teniendo en cuenta que la aplicación de la ley vigente no es uniforme en todo el país, lo que impacta en el acceso a los servicios de salud mental.
Para su elaboración, el Ministerio de Salud recogió aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores judiciales, quienes señalaron dificultades concretas en la práctica diaria, especialmente en el abordaje de casos complejos.
Finalmente, la iniciativa propone fortalecer los sistemas de información y ampliar la participación técnica del Estado en los organismos de control, con el objetivo de mejorar la planificación y supervisión del sistema.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca avanzar hacia un modelo más flexible y adaptado a la realidad actual, en un tema que genera debate tanto en el ámbito sanitario como en el social.
