El Gobierno nacional incorporará cambios al proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal con el objetivo de conseguir el respaldo de los bloques aliados en la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones previstas se encuentra una restricción para funcionarios públicos, que quedarán excluidos de los principales beneficios del esquema para regularizar fondos no declarados.
El oficialismo buscará este miércoles emitir dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal. La intención es que la iniciativa quede en condiciones de ser debatida en el recinto el 26 de agosto, junto con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La modificación apunta a responder a uno de los principales cuestionamientos planteados durante el tratamiento del proyecto por parte de legisladores dialoguistas y aliados, quienes habían reclamado mayores controles sobre funcionarios y personas políticamente expuestas.
Qué cambiará para los funcionarios
De acuerdo con el nuevo texto que analiza el oficialismo, los funcionarios públicos podrán adherir al régimen simplificado de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, pero esa adhesión tendrá un alcance limitado.
En concreto, podrán utilizar la modalidad simplificada para presentar la declaración y realizar el pago correspondiente, pero no podrán acceder a las presunciones, efectos liberatorios ni al resto de los beneficios previstos por el régimen, entre ellos los vinculados con la exteriorización de fondos no declarados.
La restricción alcanzaría a quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen.
La lista incluye a funcionarios con jerarquía no inferior a secretario de Estado o equivalente, legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, defensores del pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura o de jurados de enjuiciamiento.
El antecedente de Manuel Adorni
Uno de los antecedentes que generó cuestionamientos durante el debate fue el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes reconocieron tener dólares no declarados y adhirieron al régimen simplificado de Ganancias mientras existía una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
A partir de ese episodio, distintos bloques reclamaron establecer una diferenciación entre los contribuyentes en general y quienes ocupan cargos públicos o son considerados personas políticamente expuestas.
El oficialismo busca ahora incorporar esa distinción al proyecto para evitar que los funcionarios puedan utilizar los mecanismos de exteriorización de activos contemplados en la iniciativa.
Cambios en el régimen de Inocencia Fiscal
El proyecto amplía el universo de personas que podrán acceder al régimen. La nueva versión elimina los límites que establecían ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones.
De esta manera, el esquema quedaría abierto para las personas humanas independientemente de su nivel de ingresos o patrimonio. La principal excepción serán los Grandes Contribuyentes Nacionales, que no podrán acceder a las presunciones, efectos liberatorios y otros beneficios establecidos.
La iniciativa también modifica el concepto de “discrepancia significativa”, que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuestionar una declaración simplificada.
El nuevo criterio establecería que la diferencia entre lo declarado y lo detectado por el organismo deberá superar el 15% del impuesto para ser considerada significativa y, además, deberá superar el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria.
En caso de que exista una objeción, el contribuyente tendrá 15 días para corregir la situación y pagar la diferencia correspondiente para conservar los beneficios del régimen.
El debate en Diputados
El proyecto comenzó a ser discutido en la Cámara de Diputados la semana pasada. Durante el plenario de comisiones, funcionarios de la Secretaría de Ingresos Públicos y de la Dirección Nacional de Impuestos explicaron los alcances de la propuesta y respondieron las consultas de los legisladores.
El oficialismo apunta ahora a incorporar las modificaciones acordadas con los bloques aliados y conseguir dictamen este miércoles.
El objetivo es que la iniciativa pueda llegar al recinto el 26 de agosto, aunque los plazos legislativos hacen difícil que la reforma quede convertida en ley antes del 27 de agosto, fecha prevista para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente a personas humanas.
