El Gobierno nacional anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a presentar explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. La medida será instrumentada por el Ministerio de Justicia, mediante la Inspección General de Justicia (IGJ), y apunta a que ambas entidades justifiquen gastos e inversiones por montos que superan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y los 340 millones de dólares en la Liga Profesional.
Según informó el Ejecutivo, el requerimiento alcanza a las cifras incluidas en los estados contables y a las observaciones realizadas por el organismo de control, en línea con las exigencias que rigen para todas las personas jurídicas privadas registradas ante la IGJ. En el caso de la AFA, se pondrá especial atención en la documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían contempladas en su estatuto, dado su carácter de asociación civil sin fines de lucro.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es garantizar la igualdad ante la ley y advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas tanto para las instituciones como para sus directivos.
La decisión se inscribe en una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino. Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra autoridades de la AFA, en la que solicitó una investigación preliminar por presuntas irregularidades vinculadas a sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales.
En paralelo, avanza una investigación en el Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que analiza el accionar de la firma Real Central SRL y de dos personas señaladas como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. De acuerdo con la causa, la empresa habría sido utilizada para la tenencia de bienes que no se corresponderían con la capacidad económica declarada por sus titulares.
Entre los activos bajo análisis figura una propiedad de más de diez hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, que cuenta con una estancia, helipuerto, instalaciones deportivas y una colección de vehículos de alta gama. La investigación también reconstruye una serie de transferencias del inmueble entre distintas sociedades y personas vinculadas al ambiente del fútbol, así como el pago de expensas y gastos de mantenimiento a través de firmas relacionadas con ex directivos de la AFA.
La denuncia oficial también pone el foco en contrataciones directas entre la AFA y empresas proveedoras, entre ellas una adjudicación por aproximadamente 550 mil dólares para la finalización del sistema VAR, que habría sido otorgada sin licitación y a una firma con vínculos con ex autoridades del organismo.
Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “persecución política” contra la conducción de la entidad. En un comunicado, cuestionaron la intervención del Ministerio de Justicia y de referentes del oficialismo, y señalaron que el Ejecutivo busca condicionar la vida institucional del fútbol argentino y avanzar en la imposición de las Sociedades Anónimas Deportivas, en detrimento del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro.
La conducción de la AFA aseguró que continuará defendiendo su autonomía y sostuvo que su prioridad es el desarrollo del fútbol argentino, al tiempo que descartó cualquier irregularidad en su gestión.
