Uno de los ejes centrales de la reforma elaborada por el Ministerio de Salud es la redefinición de los criterios diagnósticos. El Gobierno sostiene que el concepto actual de “padecimiento mental” es ambiguo y genera dificultades en las decisiones clínicas. En su lugar, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para lograr mayor precisión mediante la noción de trastornos mentales o del comportamiento.
Asimismo, se plantea un cambio en el enfoque de las intervenciones. La nueva redacción prioriza la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”, tanto del paciente como de terceros. Según fuentes oficiales, este ajuste permitiría actuar de manera más preventiva y oportuna ante escenarios críticos, corrigiendo vacíos normativos que hoy dificultan la asistencia en casos de urgencia.
Modificaciones en las condiciones de internación
En cuanto a las internaciones, el texto mantiene su carácter excepcional pero introduce cambios operativos relevantes:
Internaciones involuntarias: Podrán ser indicadas por un psiquiatra y deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario.
Plazos judiciales: Se propone extender de 10 a 24 horas el tiempo para la notificación a la Justicia.
Cambio de condición: Si un paciente voluntario solicita el alta pero no está en condiciones de decidir, la internación podría transformarse en involuntaria con intervención judicial.
Debate sobre hospitales especializados y red de atención
A diferencia de la ley actual, que promueve el cierre progresivo de instituciones monovalentes, la nueva iniciativa busca fortalecer la red de atención incluyendo hospitales psiquiátricos especializados. Actualmente, el sistema cuenta con 30 hospitales públicos de este tipo y 139 privados, los cuales el oficialismo considera necesarios para casos complejos que los hospitales generales no pueden contener.
Finalmente, el proyecto contempla ampliar la participación técnica del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando a la Dirección Nacional de Salud Mental y al SEDRONAR para reforzar el control de las políticas públicas. Este movimiento surge tras un relevamiento que detectó que solo 18 hospitales generales en todo el país cuentan con servicios específicos de salud mental.
